Una amenaza constante

Sería injusto proclamar que todas las ONGs (organizaciones no gubernamentales) son iguales y realizan las mismas prácticas: aprovechar fondos públicos a través de convenios, contratos y subvenciones para, en la forma de mayor opacidad, hacer y deshacer en acciones financieras de todo tipo ilegales y fraudulentas.


La Fundación Noos, de los imputados Undargarín y Torres; o las fundaciones y ONGs imputadas en la Cooperación de la Comunitat Valenciana como son la Fundación Cultura y Estudios; Fundación Hemisferio; Esperanza Sin Fronteras; Ayuda para la Salud y el Desarrollo de los más Necesitados de África (Asade África); la Fundación para el Desarrollo Rural y Salud (Fudersa) y otras ONG como Asamamu o Agrupación Cívica Ceiba; dejan en absoluto descrédito la importante misión, veraz, legal y transparente que se realiza desde el Tercer Sector en el territorio español y en la cooperación internacional.

La existencia de ONGs fraudulentas, ya sean Asociaciones o Fundaciones de acción local o de desarrollo es una amenza constante para todo el Tercer Sector. En estos días tendrá lugar el juicio contra tres directivos por la apropiación indebida de fondos de ANESVAD. Existen del mismo modo que existen empresas, ya sean sociedades limitadas o anónimas, que cometen fraudes y forman parte de entramados de estafa. Otras en cambio, como INTERVIDA, habiendo sido intervenida y teniendo administrador judicial, han conseguido quedar libre de toda sospecha.

Es normal que las ONGs valencianas estén indignadísimas, y que así lo manifiesten. Es deleznable que existan personas faltas de ética que pretenden sacar tajada y lucro personal en un entorno donde no está permitido, que roben directamente recursos que están destinados a los que menos tienen y a la solidaridad.

Propongo que estos malhechores, si son condenados, tengan como sentencia la enajenación de todo el patrimonio que hayan podido acumular y que sea destinado a proyectos de solidaridad y cooperación. Una medida similar a la de aquellos narcotraficantes condenados que pierden sus patrimonios que son destinados a programas terapéuticos y de atención a las personas con conductas adictivas, y del mismo modo que las sanciones de tráfico están destinadas a seguridad vial y a programas de rehabilitación sanitaria de afectados por accidentes de tráfico.

A ver si así aprendemos a no jugar con el pan de las personas necesitadas.