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martes, 6 de marzo de 2012

La amenaza de los despidos llega a los empleados públicos

Esta entrada tiene un título demasiado largo pero encierra en sí misma una de las consecuencias de la Reforma Laboral.

Y es que ha llegado la hora de adelgazar, también de esta forma, el tamaño y el capital humano de la Administración: Ya no basta con cuestionar el modelo territorial (municipios, diputaciones provinciales y autonomías); ni privatizar servicios; es el turno de amenazar la sostenibilidad del empleo público.


Estoy absolutamente en contra de esta medida contemplada en la Reforma Laboral. Deja a la discrecionalidad y al albur de la gestión política que se puedan acometer despidos a discreción. Me preocupa que nos hagan creer que los empleados públicos son aquellos que están sentados delante de un escritorio manejando papeles en una dirección incierta, enajenados de la realidad política, económica o social. Empleados públicos son también los educadores en todos los niveles, sanitarios, cuidadores del medio ambiente, cuerpos de seguridad del estado, bomberos, gestores de las cuencas hidrográficas o de un laboratorio de investigación molecular. ¿Por qué no tener mejor esa imagen mental? Más bien diría que los que están sentados en los escritorios hablando por teléfono y manejando papeles sin rumbo cierto son los miles de políticos que, sin oficio ni beneficio, muestran que su trabajo consiste en hacer bulto dentro de una correlación democrática de poder. Créeme, y sé lo que digo, muchos de ellos son los "maestros liendres" mejor pagados del planeta: aprendices de todo y maestros en no hacer nada.

Tampoco se nos olvide que, con carácter general, la práctica totalidad de los empleados públicos desarrollan el procedimiento administrativo y garantizan una prestación de servicios a favor de los derechos ciudadanos y de interés público. Aplican la legislación propuesta por políticos y manejan presupuestos materiales, económicos y humanos aprobados por políticos: Y lo tienen que hacer les parezca bien o mal. Con esto quiero decir, que no son responsables de los disparates ni de los dispendios ni de las deudas acumuladas en las administraciones. Una noticia en El Periódico de Extremadura cuantifica en 20.000 los funcionarios extremeños directamente amenazados con la Reforma Laboral. Y el decreto elaborado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy facilita la aplicación de expedientes de regulación de empleo (ERE) en las administraciones públicas que aleguen "insuficiencia presupuestaria" durante nueve meses seguidos.

Por otro lado, pienso que el apoyo del empleado público es la única baza fuerte que tienen los sindicatos para obtener éxitos en las reivindicaciones y movilizaciones. A fin de cuentas, su presencia en las pequeñas y medianas empresas extremeñas (eo 98% del total de empresas) es tan exigua que nunca se atreverían a tomar la calle sólo con el colectivo de parados y empleados por cuenta ajena.

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