873000 personas en España perdieron el derecho a la asistencia sanitaria

Tras la entra en vigor y la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y la seguridad de sus prestaciones, al menos 873000 personas en España perdieron el derecho a la asistencia sanitaria, según cifras del propio Gobierno. Sesenta y tres organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico, denuncian los impactos del mismo y el incumplimiento por parte del Gobierno Español de la legislación internacional de derechos humanos. 

Con este Real Decreto Ley la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas, y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado. Además quedaron restringidas ciertas prestaciones y se aumenta la carga económica directa para las personas.

¡No es contra el turismo sanitario! El Real Decreto Ley se ceba contra los más vulnerables y potencia la desigualdad. Hablamos de una población especialmente vulnerable y que debería gozar de medidas de protección sociosanitarias. Un colectivo que, al igual que todo ciudadano, viene contribuyendo a su financiación mediante los impuestos. La diferente aplicación del Real Decreto Ley por las Comunidades Autónomas y la disparidad de criterios en la aplicación de la normativa por parte de los centros sanitarios ha deteriorado aún más la cohesión territorial en el Sistema Nacional de Salud, y ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo. Incluso en aquellos supuestos en los que el Real Decreto Ley reconoce el derecho a la atención (embarazadas, menores, atención de urgencias…) se han originado numerosos casos de desatención, sin que, hasta la fecha, se haya tomado ninguna iniciativa para atajar estos incumplimientos. La exigencia de firma de compromisos de pago, la facturación indebida de la atención en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema sanitario, han generando un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial, que está poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas.

A pesar de que algunas Comunidades Autónomas emitieron instrucciones para asegurar asistencia sanitaria para toda la población en los supuestos de salud pública, el citado Real Decreto Ley sienta las bases para que se produzca un retroceso en los programas de prevención, vigilancia y control de enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. Las dificultades de acceso de sectores de población a las medidas propuestas para evitar la aparición de nuevos casos y/o el control de brotes epidémicos (vacunación, quimioprofilaxis o inmunoprofilaxis, aislamiento, diagnóstico o tratamiento), tiene repercusiones no sólo en el ámbito individual sino también en la salud colectiva. 

En un contexto de incremento de la desigualdad económica (en los cuatro años iniciales de la crisis, la desigualdad en los ingresos creció en la misma medida que se había logrado reducir en los veintidós años previos) el encarecimiento del acceso a determinadas prestaciones y medicamentos, y la exclusión sanitaria de las personas más vulnerables, provocados por la promulgación del Real Decreto Ley, ha generado un incremento relevante de las desigualdades en salud, como empieza a demostrarse en algunas Comunidades Autónomas. Está demostrado que el incremento en la desigualdad de ingresos produce un aumento de problemas de salud, un peor uso de los medicamentos y un incremento general del sufrimiento. 

Las mujeres inmigrantes quienes más sufren las consecuencias del Real Decreto Ley. Resulta preocupante el impacto de género, dados los crecientes obstáculos que están encontrando las mujeres migrantes a quienes se les ha retirado la tarjeta sanitaria, dificultando la detección de casos de violencia de género, así como la adecuada asistencia en casos de violencia sexual. En el caso de las víctimas de trata de seres humanos se limita el acceso a quienes se les otorga el periodo de restablecimiento y reflexión, mientras que a la mayoría no se les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria. De igual manera, conviene recordar que son las mujeres el colectivo mayoritariamente afectado por la desigualdad económica.

Evaluar la reforma sanitaria en términos de derechos humanos. Varios organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han subrayado que esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos. Han dirigido numerosas recomendaciones al Gobierno español instándole a garantizar el acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes, independientemente de su situación administrativa. Asimismo, le han pedido que evalúe el impacto de la reforma sanitaria en términos de derechos humanos, y le han recordado que las normas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales. Hasta la fecha el Gobierno no ha cumplido ninguna de estas recomendaciones.

Derogar el Real Decreto Ley 16/2012 y elaborar una nueva Ley de Sanidad, que nazca de un amplio consenso con las diversas fuerzas políticas, organizaciones sociales y sociedades científicas; que establezca las condiciones para un Sistema Nacional de Salud, universal, de calidad, y sostenible sobre la base de una gestión eficiente, eficaz y transparente; que garantice el derecho a la protección y promoción de la salud establecido en la Constitución Española, y el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud, tal y como es definida por la Organización Mundial de la Salud: completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad, como marco de las políticas, planes y estrategias de salud y base del modelo integrador bio-psico-social de atención a la persona enferma, derecho también recogido en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales ratificado por España.

El texto publicado contiene información facilitada en el Manifiesto contra la exclusión sanitaria hecho público hoy.