Servicios Sociales

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales informa en su reciente Informe Anual correspondiente a 2014 que las comunidades autónomas y entidades locales han gastado en servicios sociales 2.212 millones de euros menos en términos absolutos, entre 2011 y 2013. La principal conclusión de este informe que analiza de manera cuantitativa los derechos y decisiones políticas, la relevancia económica y la cobertura es, según sus autores, que los servicios sociales en España están en acusado proceso de deterioro en un momento en que son más necesarios que nunca ante la crítica situación que viven cientos de miles de familias empobrecidas como consecuencia de la crisis económica.

Entre las Comunidades Autónomas que han reducido su gasto en servicios sociales en términos absolutos se encuentra Extremadura, con 64,8 euros menos por habitante y año, lo que representa un 15,3% menos. Para esta Asociación, la reducción no es consecuencia de un empobrecimiento de la sociedad española, sino fruto de una menor capacidad o interés de las administraciones públicas para recaudar y distribuir la riqueza a través de políticas sociales dirigidas a las personas y familias más necesitadas. 

De cada 100 € destinados a políticas sociales en Extremadura, 10 los aporta el Estado, 15 las entidades locales y 75 el gobierno regional. Un análisis más preciso indica que son los ayuntamientos y corporaciones locales quienes más han reducido el gasto, y pone de manifiesto que el deterioro es mayor en los servicios básicos de proximidad, cuyo futuro está amenazado por la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 

Dicha reducción afecta especialmente a la oferta de servicios y prestaciones del Sistema de Atención a las Personas con Dependencia, que no sólo se nutre de las aportaciones de las comunidades autónomas y ayuntamientos sino también de la Administración central, donde la reducción del gasto es más importante aún. La expresión más nítida de esta situación es la contención del número de beneficiarios dependientes desde julio de 2012 y la caída por primera vez de los mismos en 2014, que vincula al descenso de prestaciones en el ámbito familiar, los servicios de atenciones domiciliarias y la teleasistencia. 

Entre tanto, Extremadura sigue esperando una prometida nueva Ley de Servicios Sociales comprometida por el Gobierno de Extremadura. 

Según los criterios de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Extremadura presenta una calificación “débil” en la calidad y cobertura en servicios sociales. Resulta preocupante en nuestra Comunidad dado que el índice de pobreza humana (Iph) se incrementa sensiblemente entre 2007 y 2012. 

Las recomendaciones para Extremadura por parte de esta Asociación son remontar la inversión en política social a los niveles de 20111, llegar a acuerdos con las entidades locales para dotar de mayor estabilidad a los Servicios Sociales de Base y aumentar las partidas destinadas a la Ley de Dependencia en nuestra Comunidad.