La creación de un Fondo Autonómico contra la Exclusión Social y la Pobreza en Extremadura supondría dedicar 268 millones euros (tomando como referencia el presupuesto de la Comunidad para 2015). Es la propuesta de la Plataforma del Tercer Sector de España, que ha hecho llegar al Gobierno de España y a los partidos políticos de ámbito estatal que concurrirán a las próximas elecciones autonómicas de mayo.
De lo que trata es de hacer llegar la tendencia de la recuperación económica a los grupos de población que más se han visto afectados por la crisis económica en los últimos años, y detener y hacer frente a las causas que están provocando el aumento de la desigualdad social en Extremadura, que es una de las más afectadas tanto por el desempleo y la precarización laboral como por la falta de oportunidades para que esa tendencia cambie a corto y medio plazo.
Responde a una realidad detectada que ponen de manifiesto los últimos datos hechos públicos recientemente por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) respecto a la evolución de la vulnerabilidad social entre los años 2009 y 2013, que señala que en España hay cerca de 13 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social (27,3% de la población). El Informe ‘El Estado de la Pobreza’ ratifica los datos que ya denunciaban en estudios previos la Fundación FOESSA y Cruz Roja Española.
La medida contempla que este dinero se destine a iniciativas como, por ejemplo, reforzar los programas de rentas mínimas “que garantizan una vida digna para todas las personas”. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de 2013, estas ayudas apenas llegan al 1,35% de la población española (637.573 personas, 258.408 familias), mientras los datos de ese mismo año hechos públicos por EAPN-ES señalan que 9,6 millones se encuentran bajo el umbral de la pobreza y 2,8 sufren una severa falta de recursos. En toda España, las autonomías destinan 1.200 millones de euros a los programas de rentas mínimas de inserción pero el reparto es muy desigual, ya que entre Navarra y País Vasco aportan un 40% de esta cantidad para sus propios planes.
En Extremadura se trata, por ejemplo, de incluir medidas y programas dotados de más presupuesto económico, y más estables, que están destinados a las políticas activas de empleo, disminuyendo el desempleo de larga duración y facilitando el acceso de los jóvenes a un empleo de mayor calidad. La apuesta es el fomento de la economía social en todas las formas (cooperativas, servicios de proximidad, empresas de inserción y centros especiales de empleo) contribuyen a integrar a los más desfavorecidos en el mercado de trabajo. También se trata de incrementar los recursos destinados al nuevo acceso a la educación tanto de jóvenes provenientes del fracaso escolar como de para la población adulta sin formación. Por otro lado, se trata de consolidar los programas destinados a paliar la pobreza infantil, garantizar la atención de las personas mayores a través de recursos destinados a la dependencia, programas que compensen los déficits de la vida en el ámbito rural y en definitiva programas que garanticen la plenitud de derechos y la vida digna de todas las personas y las familias.
Estos son, a modo indicativo, algunas de las propuestas contempladas y que vienen señalándose desde el Tercer Sector de acción social en nuestra Comunidad. Algunas de ellas han sido inicialmente emprendidas desde el gobierno autonómico e incluso con iniciativas de ley, pero que requieren que sus partidas sean incrementadas y que sean programas más consolidados, que abarquen a más población y tengan mayor estabilidad en el tiempo.
De lo que trata es de hacer llegar la tendencia de la recuperación económica a los grupos de población que más se han visto afectados por la crisis económica en los últimos años, y detener y hacer frente a las causas que están provocando el aumento de la desigualdad social en Extremadura, que es una de las más afectadas tanto por el desempleo y la precarización laboral como por la falta de oportunidades para que esa tendencia cambie a corto y medio plazo.
Responde a una realidad detectada que ponen de manifiesto los últimos datos hechos públicos recientemente por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) respecto a la evolución de la vulnerabilidad social entre los años 2009 y 2013, que señala que en España hay cerca de 13 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social (27,3% de la población). El Informe ‘El Estado de la Pobreza’ ratifica los datos que ya denunciaban en estudios previos la Fundación FOESSA y Cruz Roja Española.
La medida contempla que este dinero se destine a iniciativas como, por ejemplo, reforzar los programas de rentas mínimas “que garantizan una vida digna para todas las personas”. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de 2013, estas ayudas apenas llegan al 1,35% de la población española (637.573 personas, 258.408 familias), mientras los datos de ese mismo año hechos públicos por EAPN-ES señalan que 9,6 millones se encuentran bajo el umbral de la pobreza y 2,8 sufren una severa falta de recursos. En toda España, las autonomías destinan 1.200 millones de euros a los programas de rentas mínimas de inserción pero el reparto es muy desigual, ya que entre Navarra y País Vasco aportan un 40% de esta cantidad para sus propios planes.
En Extremadura habría que destinar 268 millones
En Extremadura se trata, por ejemplo, de incluir medidas y programas dotados de más presupuesto económico, y más estables, que están destinados a las políticas activas de empleo, disminuyendo el desempleo de larga duración y facilitando el acceso de los jóvenes a un empleo de mayor calidad. La apuesta es el fomento de la economía social en todas las formas (cooperativas, servicios de proximidad, empresas de inserción y centros especiales de empleo) contribuyen a integrar a los más desfavorecidos en el mercado de trabajo. También se trata de incrementar los recursos destinados al nuevo acceso a la educación tanto de jóvenes provenientes del fracaso escolar como de para la población adulta sin formación. Por otro lado, se trata de consolidar los programas destinados a paliar la pobreza infantil, garantizar la atención de las personas mayores a través de recursos destinados a la dependencia, programas que compensen los déficits de la vida en el ámbito rural y en definitiva programas que garanticen la plenitud de derechos y la vida digna de todas las personas y las familias.
Estos son, a modo indicativo, algunas de las propuestas contempladas y que vienen señalándose desde el Tercer Sector de acción social en nuestra Comunidad. Algunas de ellas han sido inicialmente emprendidas desde el gobierno autonómico e incluso con iniciativas de ley, pero que requieren que sus partidas sean incrementadas y que sean programas más consolidados, que abarquen a más población y tengan mayor estabilidad en el tiempo.
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