Tras la entra en vigor y la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y la seguridad de sus prestaciones, al menos 873000 personas en España perdieron el derecho a la asistencia sanitaria, según cifras del propio Gobierno. Sesenta y tres organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico, denuncian los impactos del mismo y el incumplimiento por parte del Gobierno Español de la legislación internacional de derechos humanos.
Con este Real Decreto Ley la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas, y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado. Además quedaron restringidas ciertas prestaciones y se aumenta la carga económica directa para las personas.