El Papa Francisco dijo en su homilía del Primero de mayo: “Me ha impresionado leer un titular del día sobre la tragedia de Bangladesh: Vivir con 38 euros al mes. Esto es lo que pagaban a los que murieron... ¡Eso se llama trabajo esclavo!”. Tras el primer impacto, todas las miradas se han vuelto hacia las grandes marcas que venden estilosos pantalones vaqueros por 19,95 euros, biquinis a la última por 14,90 o vestidos de cóctel por 39,99. Compañías con enormes beneficios que corrieron a Bangladesh cuando los costes laborales en China empezaron a subir.
Porque el negocio de la confección se traslada a toda velocidad: Bastan unos trabajadores, sus máquinas de coser y un techo. Bangladesh es un atractivo país con el peor sueldo mínimo del mundo de 29 míseros euros al mes, y se ha convertido en problemático por el derrumbe de hace dos semanas, que ha dejado más de 500 muertos y 2.500 heridos, incluidos muchísimos mutilados. Se reabre el debate sobre las condiciones en las que las empresas fabrican la ropa que vestimos. Inquieta especialmente que el agrietado y a los pocos días derrumbado edificio Rana Plaza, hubiera pasado dos auditorías de empresas occidentales.
El objetivo que se debe perseguir es que las empresas aborden la compleja lógica de buscar precios más baratos y al mismo tiempo conseguir el cumplimiento de unos mínimos laborales. Las grandes empresas de la confección dicen que solo trabajan con plazos y volúmenes razonables y que está tajantemente prohibido que sus proveedores subcontraten sin permiso. Pero también es cierto que los fabricantes, agobiados por los plazos, subcontratan con tal de cumplir con el pedido, como ha quedado al descubierto en varias tragedias anteriores.
La corrupción es cotidiana en Bangladesh, y sus autoridades están deseosas de atraer compradores extranjeros al sector textil. Es un sector y un negocio de 15.000 millones de euros anuales que da trabajo (precario o incluso esclavo, pero trabajo) a tres millones de personas en este país.
Las empresas occidentales presumen de transparencia, destacan su trabajo de auditoría social, los cursos de formación para trabajadores y otras iniciativas enmarcadas en la responsabilidad corporativa. Aseguran que solo empiezan a trabajar con un proveedor tras una inspección independiente. Se revisa que no haya trabajo infantil o forzado, revisan los salarios, las horas extras (cuántas y a cuánto se pagan), la salubridad, las salidas de emergencia y, esencial, el derecho a sindicarse y a la negociación colectiva. Y aunque todo eso parezca útil para hacer frente a los poderosos capataces, a menudo es papel mojado. En Bangladesh solo el 1% de los trabajadores están organizados. El Observatorio de Derechos Humanos recuerda que solo hay 18 inspectores para ocuparse de los 100.000 talleres de la capital.
La ciudadanía consumidora debería reflexionar sobre las condiciones en las que se fabrican las prendas que se visten en occidente. El sindicato IndustriALL, que representa a 50 millones de trabajadores en todo el mundo, recuerda que una camiseta fabricada en Bangladesh con un coste de producción de 1,5 céntimos de euros se vende en cualquier tienda de España a 20 euros.
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