Durante los años 80 España inició un importantísimo proceso de modernización de la Administración gubernativa: descentralización principalmente a través de los gobiernos autonómicos; reestructuración de las sedes y áreas ejecutivas (ministerios, consejerías...), prestación de servicios por parte de ayuntamientos y diputaciones, mejora de la eficacia fiscal y recaudación de impuestos, transparencia informativa, presupuestaria y en los procedimientos administrativos... Estos son tan solo algunos ejemplos de esa modernización, en continua evolución, con sus aciertos y sus errores y no exenta de todo tipo de debates políticos acerca de la ideoneidad de cada paso. Pero independientemente de cual sea la opinión global, lo que es incuestionable es que ese proceso de modernización se ha dado, ha movilizado miles de puestos de trabajo y recursos humanos, técnicos e informáticos, y son evidentes los resultados contrastables y constatables en servicios (y calidad de los servicios) educativos, sanitarios, sociales, administrativos, infraestructuras, comunicaciones y cercanía al ciudadano. ¿Y la Justicia?
No se me olvida que la Justicia es uno de los poderes en los que se sustenta la Democracia en España: separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Por supuesto que la Justicia también ha evolucionado, y ha recibido un bocado de todo el proceso de modernización antes descrito, y las iniciativas legislativas (tanto de nuevas leyes como de procedimiento) han venido a actualizar un sistema obsoleto y predemocrático. Pero ha sido, a todas luces, insuficiente. ¿A qué se debe? Me creo que en parte tiene que ver el lobby judicial y el pavor a la ingerencia de legisladores (políticos) y ejecutivos. Y aún así no se han librado. Recientemente leía: "La inexistencia de un poder judicial, autónomo e independiente, ciego, en el sentido de no guiarse por preferencias sino por la aplicación ecuánime e igual para todos, es una exigencia de la salud social. Su mediatización por el poder económico o político es una desviación que le hace perder credibilidad y confianza en la población, que ve en él, debe verlo, como el garante del equilibrio social. La situación deprimente de las cárceles, los retardos judiciales, la manera de elegir a los jueces y magistrados, genera una sombra de dudas que en nada ayuda a la salud social". Pero me creo también que ha sido por negligencia social: No le hemos dado a la Justicia la importancia que debe tener como tercer pilar del Sistema de convivencia. Ni se ha presionado lo suficiente por la Sociedad (a través de todas las formas de presión que tienen al alcance), ni se le ha exigido a los políticos que asuman su responsabilidad de promover y destinar esfuerzos y recursos a la Justicia (sin que eso implique ingerencia).
A día de hoy es insostenible una Justicia en formato papel, diseminada por un sin fin de sedes judiciales desconectadas entre sí, incumplimiento de plazos por saturación, eternización de los procesos judiciales, ausencia de equipos multidisciplinares de apoyo a la tarea judicial, ausencia de vigilancia en el cumplimiento de las sentencias... En definitiva, la ineficacia y lentitud de la Justicia la hace injusta. El ciudadano no puede confíar en ella, se siente débil para soportar un procedimiento tedio, complejo y sobre todo largo. El ciudadano se siente indefenso: lo está el inquilino de esa infravivienda desatendida por el casero, o el propietario que no percibe la renta del inquilino, o el comprador que recibe su casa en mal estado y la constructora hace caso omiso, o el empresario que no cobra por el producto vendido, o el consumidor que no ha recibido un servicio contratado, o el trabajador que reclama su sueldo, o la mujer que no encuentra sentido en denunciar la violencia de su acosador... Y la impunidad de las acciones con el viento a favor de la ineficacia judicial de quienes delinquen, en toda forma y magnitud de delincuencia (porque no me olvido de los delincuentes de cuello blanco, de los políticos corruptos ni de los empresarios y financieros del degüello). El que delinque hace la siguiente ecuación: el beneficio que obtiene delinquiendo es mayor al coste de ser denunciado, procesado y cumplir la condena. Si le merece la pena delinquir, es que las leyes no actúan conforme deben hacerlo y la justicia no cumple su misión.
¿De qué se quejan los españoles? (Esta es una forma de interpretar "lo que preocupa a los españoles" que es el barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas). De los temas relacionados con los delitos y la justicia, en julio 2010, este era el resultado:
Posición 6ª: 8.1%. La inseguridad ciudadana.
Posición 8ª: 5.5%. El terrorismo. ETA
Posición 13ª: 2.7%. La corrupción y el fraude
Posición 17ª: 1.4%. La violencia contra la mujer
Posición 19ª: 1.2%. La administración de justicia
Tengo mis dudas de que la trasnferencia de la administración de Justicia a las Comunidades Autónomas sea una solución eficaz: podemos asistir a una polarización ideológica, similar a la que se produce en la Sanidad, donde por ejemplo, algunos gobiernos autonómicos incorporen el modelo norteamericano de centros penintenciarios gestionados por empresas privadas concesionadas. Y ya se están dando los primeros síntomas de Justicia de varias velocidades según qué Comunidades Autónomas (ricas contra pobres, extensas contra pequeñas) y según qué ámbito judicial (penal, civil, mercantil...).
En fin, mi opinión está clara y argumentada. Necesitamos que la Justicia se independice, se democratice, se actualice y se modernice, y ejerza como tercer poder Constitucional. ¡¡Y que lo haga ya!!. Si esto lo opino yo, ¿qué no podrían opinar los cientos o miles de personas que están involucradas en la Justicia, como profesionales, usuarios o afectados? Mi opinión es que la Sociedad lo debe exigir a través de los cauces que tiene a su alcance: a través de los colectivos que trabajan en la administración de justicia, a través de los colectivos y asociaciones profesionales, a través del movimiento ciudadano, a través de las instituciones, de los medios de comunicación, de las propias víctimas de las parálisis judiciales... No será una solución inmediata. Requerirá casi de un pacto de Estado (como fueron los de la Moncloa, o el Pacto de Toledo). Solo así, a la vuelta de al menos diez años, tendremos una Justicia más justa.
Pd: Y ahora que he solucionado un problema del país me voy a descansar. Bye.
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