Evaluando la Dependencia

En el mes de junio se ha presentado los datos del primer informe del Observatorio de la Dependencia, cuyas conclusiones reclaman la necesidad de que los poderes públicos financien, regulen y atiendan adecuadamente al sector de la Dependencia. Y es que ponen en evidencia que mientras el gasto público en Dependencia está en caída libre el copago por las personas y familias no deja de subir.

Según dicho informe, la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, también conocida como Ley de Dependencia, se realiza con importantes retrasos en la valoración y concesión de prestaciones, constatándose que algunas Comunidades Autónomas no se efectúa el reconocimiento de la prestación hasta que disponen de crédito presupuestario suficiente para hacerla efectiva, (constatado por el Informe del Tribunal de Cuentas de 2014), lo que perjudica la aplicación de la Ley ya que no resulta satisfecho en el momento oportuno el derecho subjetivo de las personas dependientes. En España, el 2,64% de población de la Población es Dependiente. De los tres grados de dependencia posibles, el Grado 3 (o sea, muy dependientes) alcanza 30,03% y en el Grado 2 es del 36,18%, ambos muy superiores a los de otros países europeos con similar población dependiente. Esta disfunción del Baremo puede tener relación con la financiación por grados de dependencia reconocido, pudiendo existir un sesgo en la valoración hacia los grados mejor financiados. 

La modificación de la Ley de Dependencia de 2013 por parte del Gobierno de Rajoy, buscaba la optimización de los recursos presupuestarios, priorizando servicios frente a prestaciones económicas. No obstante, la Ley continúa ocho años más tarde de su entrada en vigor con una proporción de un 42,81% de servicios por cuidadores no profesionales, frente al 13,95% de servicios de atención residencial, 12,71% en el Servicio de Ayuda a Domicilio y un 12,53% de teleasistencia. Lo que es más grave, si se tiene en cuenta que el 66,21% de los beneficiarios con prestación corresponden al Grado 3 y Grado 2 y que además invirtiendo ese porcentaje de cuidadores no profesionales en servicios de residencia, se crearían 125.000 nuevos empleos. 

La financiación de la Administración General del Estado ha sufrido importantes disminuciones, a través de distintas formas como han sido la regularización de expedientes, la reducción cuantías máximas de prestación económica y las suspensión de cuotas a la Seguridad Social de cuidadores no profesionales que arrastraba deuda de 1.034 millones de €, lo que unido al hecho de que las Comunidades Autónomas no han dispuesto de contabilidad analítica aplicable en exclusiva para los gastos de dependencia, todo ello ha imposibilitado certificar con exactitud el importe de los recursos destinados a la dependencia. Tampoco el desarrollo del copago, a pesar de sus incrementos, ha alcanzado la media del 33% prevista en la memoria económica de la Ley. El crecimiento de empleo generado en el sector se ralentiza y comienza a disminuir desde 2012 hasta hoy, incrementándose desde esa fecha los contratos no fijos y el empleo a tiempo parcial, lo que unido a la disminución de servicios e intensidades nos aleja de las estimaciones de creación de empleo previstas. 

Finalmente, la normativa relativa a la Ley de Dependencia es rotundamente excesiva, ya que incluye más de 671 normas de Comunidades Autónomas y 134 normas estatales. Sin embargo adolece de la falta de una normativa estatal de acreditación de servicios profesionales de calidad que respondan a las distintas necesidades de las personas dependientes.