Ejecuciones hipotecarias

Siguen creciendo las ejecuciones hipotecarias ante la pasividad del Gobierno. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que durante el primer trimestre de 2014 hubo una subida de casi el 20% de los procedimientos de venta de inmuebles por impagos de los créditos.

Una vez más, las soluciones aplicables contra los desahucios apuntan directamente a la responsabilidad de los legisladores y del gobierno. Y este hecho constata el fracaso de la actual Ley Hipotecaria que no protege los intereses de los ciudadanos de una forma adecuada y realmente efectiva. 

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde que empezó la crisis hasta final de 2013, ha habido casi medio millón de ejecuciones hipotecarias en España. Distintos informes vienen a coincidir que cada hogar afectado por una ejecución hipotecaria estába formado por una media de tres personas. 

En 2013 se realizaron más de 32mil ejecuciones hipotecarias. Entre enero y marzo de 2014, se contabilizaron casi 19mil procedimientos sobre casas y pisos, de los que 9.464 eran la residencia principal. Andalucía y Cataluña son las comunidades autónomas donde se registran un mayor número de ejecuciones hipotecarias. En Extremadura se produjeron durante el primer trimestre de este año 718 ejecuciones, de las que 198 afectaban a la vivienda principal de las familias. Todos estos datos ponen de manifiesto la desgarradora situación que atraviesan decenas de miles de familias cada año y ante las que el Gobierno no demuestra ninguna sensibilidad y, mientras aumentan los desahucios, desde el gobierno se insiste en trasladar a la opinión pública el falso mensaje de que la crisis se está superando. 

Se constata así el diagnóstico que alertaba que en estos primeros meses de 2014 se produciría una segunda oleada de desahucios debido a que muchas personas refinanciaron sus hipotecas al principio de la crisis para pagar una cuota menor, en la mayoría de casos, abonando sólo intereses, y que ahora están terminando estas condiciones especiales. 

Lejos de resolverse la situación, cada vez se agrava más, siguen sin dar respuestas estructurales a la situación de emergencia habitacional y en paralelo está creciendo una nueva burbuja inmobiliaria especialmente en el mercado del alquiler. 

Esta nueva burbuja está además promovida en parte desde el Gobierno del Estado, que incentiva la venta de viviendas de la Sareb, también conocido como el “banco malo” por parte de fondos buitre, cuyo mejor propósito está siendo poner dichas viviendas adquiridas en alquiler a la espera de que recuperen su valor. Por otro lado, el año pasado se tomaron medidas para liberalizar el mercado del alquiler, acelerando los tiempos que deben transcurrir entre un impago de la cuota y el desahucio del inquilino. 

Es cierto que también se han incrementado el número de daciones en pago, es decir, la entrega de la vivienda y la deuda hipotecaria queda saldada, pero desafortunadamente esta opción no siempre resuelve el problema, ya que estas personas muchas veces quedan excluidas del sistema de ayudas públicas al considerar que ya han conseguido unas condiciones favorables, cuando en realidad se trata de "desahucios encubiertos". Como en tantas estadísticas, hay quien quiere ver una cierta tendencia de mejora cuando compara los datos absolutos de un año respecto del siguiente. La realidad próxima y cercana, en cambio, muestra una verdad bien diferente.