La imagen de una persona con los nervios rotos es la metáfora de la España actual, un país modelado por los puñetazos de la recesión. Desde aquel día en que cayó Lehman Brothers —la compañía de servicios financieros cuya quiebra sacudió los mercados mundiales— y terminó de estallar la burbuja inmobiliaria, España ha visto cómo se disparaban las cifras de paro a la vez que se recortaba en gasto social —prestaciones por desempleo, educación, sanidad, servicios sociales— de tal manera que se tardarán dos décadas en recuperar el nivel de empleo previo a 2008, según un reciente estudio de la consultora PricewaterhouseCoopers y, en general, el nivel de bienestar, según calcularon en 2013 las ONG Intermón Oxfam, Médicos del Mundo, Unicef y Cáritas. Pero a finales de 2013 y comienzos del 2014, el gobierno español y las instituciones europeas comienzan a vaticinar y pregonar a los cuatro vientos “los indudables signos de recuperación económica”, que son los primeros síntomas que se prevé lenta y penosa. No obstante, a pie de calle, donde se mueve la ciudadanía, la percepción es distinta: la recuperación no llega.
Y es que cinco años de recesión económica, de recortes sociales, de sobresaltos, de incertidumbre y de malas noticias no solo socavan los cimientos del Estado de bienestar sino que también están minando los nervios de la población. La paradoja del discurso de la recuperación frente a la situación de real de la economía de los hogares que peor lo están pasando es que focaliza y proyecta aún más el sentido de que son las personas y familias afectadas por el desempleo, la falta de ingresos, los desahucios de las hipotecas…, las culpables de su situación, cuando en realidad son víctimas de decisiones de gobiernos que no los han tenido en cuenta y han preferido alimentar las ambiciones de los más poderosos.
Toca hacer balance de daños.
El número de parados ha crecido casi cuatro millones desde 2008, más del 26% de la población, y España se ha situado a la cabeza de Europa en tasa de desempleo, solo superada por Grecia. Cuatro de cada diez personas que lleva más de dos años buscando trabajo y no reciben ningún tipo de prestación. El Instituto Nacional de Estadística tiene registradas ahora a 630.000 familias que no reciben ningún tipo de ingresos. Un deterioro gigantesco de las condiciones de vida que se extiende también a aquellos que aún mantienen su empleo. Los salarios reales han caído un 7% en los últimos tres años, a niveles de hace una década. Ni siquiera tener un empleo garantiza salir del agujero. La llamada “pobreza laboral”, la forma de identificar a trabajadores cuyos ingresos no permiten llegar a fin de mes, ha aumentado hasta alcanzar a más del 13% de la población activa ocupada. La tasa de ciudadanos en riesgo de exclusión social y pobreza ha subido del 23% al 27%, según los análisis de la oficina de estadística europea Eurostat. La escasez de recursos es tal que los españoles han acabado con buena parte de su ahorro para financiar el gasto corriente. La tasa de ahorro ha caído al nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística inició esta estadística en 2005.
La desigualdad está golpeando con dureza a la clase media. Y nacer en el norte o en el sur del país tiene ahora más importancia, ya que mientras las comunidades más ricas (País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña…) han aumentado su PIB por habitante con relación a la media, las más pobres (Extremadura, Andalucía...) lo empeoran. Y aunque no es lo mismo pobreza que desigualdad, en el caso español ambas han ido de la mano. Según el Banco de España, la dispersión salarial se atribuye a que la destrucción de empleo se ha cebado en aquellos situados en la parte media y baja de la escala salarial y volvió a agrandar la brecha entre los empleos de baja cualificación y los de más alta.
Los indicadores educativos, culturales o sanitarios, claves en el desarrollo de un país, requieren años para ver reflejados sus variaciones de mejora o retroceso. En el caso español, los indicadores de sanidad y educación han caído a los niveles de 2004 y 2005 respectivamente.
Un pilar tan importante para la cohesión social y el progreso como el sistema educativo, se ha resentido. Los presupuestos públicos destinados a escuelas y universidades han sufrido un recorte de 7.300 millones entre 2010 y los previstos para 2014, una bajada de más del 16%. El ajuste ha derivado en una pérdida de 21.800 profesores entre los cursos 2010 y 2013. Y los educadores que quedan deben abarcar a 191.000 alumnos más. Eso significa, según los expertos, que aquellos alumnos con dificultades o necesidades especiales reciben menos atención. Son los que más sufren. Los presupuestos del Gobierno para educación compensatoria se han reducido un 68%, lo que prácticamente ha dejado sin fondos a los programas de refuerzo, orientación y apoyo. Para los niños con más dificultades de aprendizaje o en riesgo de exclusión social es más complicado seguir con los estudios, como también lo es para los 20.000 alumnos que, según los datos del Ministerio de Educación, se quedaron el curso pasado sin beca en bachillerato, FP o universidad. Los requisitos de renta son los mismos, pero hace falta más nota. Esa reducción de becas se mezcla con el encarecimiento de las matrículas universitarias en buena parte de España. Los ajustes causan estragos en la economía de los hogares con hijos en edad escolar. El recorte de 137 millones en las partidas de material escolar ha dejado a 1,1 millones de estudiantes sin ayudas, dice un informe del Defensor del Pueblo. También el número de becas de comedor, calculan las asociaciones de padres, ha sufrido un tijeretazo de entre el 30% y el 50%. Esa cifra preocupa a los expertos porque implica que algunos de los menores dejan de tomar la única comida equilibrada que hacían.
La reforma sanitaria que realizó el Gobierno, que además ha dejado sin asistencia normalizada a los extranjeros en situación irregular, se ha notado mucho. El pago por los medicamentos es ahora más alto que hace cinco años. Antes, todos los ciudadanos activos pagaban un 40% de los fármacos con receta; ahora esa cantidad depende de la renta y puede llegar al 60%. Además, por primera vez, unos 8,5 millones de pensionistas pagan por las medicinas que hasta ahora, si se las recetaba el médico, tenían gratis.
Los presupuestos de sanidad de Gobierno y comunidades han sufrido una disminución en torno al 11%, es decir, 6.875 millones entre 2010 y 2013, el equivalente a unos 160 euros al año menos por habitante y año. Una de las partidas más afectadas ha sido la destinada a salud pública y prevención, que ha caído casi a la mitad. Esto preocupa extremadamente a los expertos, sobre todo porque desde 2008 se han incrementado algunas enfermedades infecciosas prevenibles, como las paperas, la tosferina o el sarampión.
También está poniendo en riesgo la calidad de la asistencia al adelgazar las plantillas de profesionales sanitarios: no se cubren bajas ni se hacen sustituciones, y en dos años se han perdido más de 18.500 trabajadores, según los datos del Registro Central de Personal de las Administraciones públicas. Ya se aprecia el deterioro en las listas de espera para acudir al especialista, para lo que hay que aguardar 59 días de media, o pasar por el quirófano. El plazo que los pacientes esperan de media para una intervención quirúrgica se ha disparado de 76 días a 100. Es el mayor incremento registrado en un año desde que en 2004 el Ministerio de Sanidad empezó a registrar esos datos.
Un porcentaje creciente de ciudadanos ni siquiera son capaces de afrontar el coste de la cesta de la compra y se ven obligados a recurrir a comedores sociales y a bancos de alimentos. En 2012 se atendió a 1,5 millones de personas, el doble que en 2009, según la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Tampoco han salido indemnes los hábitos de consumo de los que sí pueden permitirse acudir al supermercado. El porcentaje de personas que consume fruta a diario ha bajado un 5,4% desde 2007, y un 5,1% los que consumen lácteos a diario, según la Encuesta Nacional de Salud y los datos del Panel de Consumo Alimentario. Además, ha disminuido el número de ciudadanos que consumen pescado habitualmente: ahora lo hacen, como mucho, dos veces a la semana. La caída es acumulada, pero en solo un año el consumo total de pescado y marisco ha bajado un 1,2%.
Estos cambios tienen mucho que ver con el precio. En 2011, el 41% de los ciudadanos consultados por el Centro de Investigaciones Sociológicas reconocieron que habían cambiado sus hábitos de alimentación por la crisis. Lo han hecho, por ejemplo, dejando de lado el aceite de oliva, uno de los principales protagonistas de la dieta mediterránea, que ha disminuido desde 2008. Las familias trasladan su consumo de los alimentos frescos a los preparados, carnes transformadas y bollería industrial.
Un sector de la población que ya ha visto cómo sus rentas han perdido un 3,1% de poder adquisitivo desde 2011 y aguarda con inquietud los nuevos cambios en sus pensiones, que ya no supeditarán sus incrementos a la evolución de los precios. Y eso que los jubilados son el colchón de muchas familias, como indica un estudio de la Fundación La Caixa. En 2010, el 7,8% de los hogares con todos sus miembros activos en paro convivían con un mayor de 65 años como principal sustentador. Una tasa que supera en 3,7 puntos a la de 2007 y en 7 a la de Reino Unido o Dinamarca.
Los recortes sociales, especialmente en la Ley de Dependencia, han alimentado el desamparo de los más débiles. El número de personas que reciben estas ayudas se ha reducido en 12.438 en el último semestre de 2013, según el Observatorio de la Dependencia. Los ajustes han disminuido 283 millones destinados a esta prestación. Un tijeretazo que se suma al sufrido por los cuidadores familiares, a quienes, además de excluirles de la cotización, se les ha recortado un 15% la paga. La prestación de la Ley de Dependencia ha quedado en los huesos y cada vez es más difícil recibirla o mantenerla.
Parece que las políticas sociales, de las que España hizo bandera antes de la crisis, se han convertido en un lujo. Lo que antes era inversión de futuro, ahora es gasto superfluo. Es lo mismo que ha ocurrido con la innovación, la investigación o la cultura.
El gasto público en investigación y desarrollo ha caído más de 3.000 millones de euros desde 2008, amenazando el sistema de Investigación y Desarrollo español, construido con mucho esfuerzo durante 30 años, y que se tardará una década o dos en recuperar. Miles de investigadores ven truncadas sus posibilidades en España.
Igual que a la ciencia, las Administraciones están tratando a la cultura como algo prescindible. La subida del IVA de los productos culturales al 21%, el doble de la media europea, ha provocado una caída en torno al 20% en cuatro años en la asistencia a espectáculos, compra de libros, películas, música y videojuegos.
Las previsiones del Fondo Monetario Internacional dicen que a España le queda otros cinco años para volver al nivel de actividad previo a la crisis. Igual que con la Gran Recesión, que lo cambió todo, el cómo afrontar esta nueva etapa y gestionar las complicadas secuelas que ha dejado la crisis será la clave para el presente y futuro del país.
Los indicadores educativos, culturales o sanitarios, claves en el desarrollo de un país, requieren años para ver reflejados sus variaciones de mejora o retroceso. En el caso español, los indicadores de sanidad y educación han caído a los niveles de 2004 y 2005 respectivamente.
Un pilar tan importante para la cohesión social y el progreso como el sistema educativo, se ha resentido. Los presupuestos públicos destinados a escuelas y universidades han sufrido un recorte de 7.300 millones entre 2010 y los previstos para 2014, una bajada de más del 16%. El ajuste ha derivado en una pérdida de 21.800 profesores entre los cursos 2010 y 2013. Y los educadores que quedan deben abarcar a 191.000 alumnos más. Eso significa, según los expertos, que aquellos alumnos con dificultades o necesidades especiales reciben menos atención. Son los que más sufren. Los presupuestos del Gobierno para educación compensatoria se han reducido un 68%, lo que prácticamente ha dejado sin fondos a los programas de refuerzo, orientación y apoyo. Para los niños con más dificultades de aprendizaje o en riesgo de exclusión social es más complicado seguir con los estudios, como también lo es para los 20.000 alumnos que, según los datos del Ministerio de Educación, se quedaron el curso pasado sin beca en bachillerato, FP o universidad. Los requisitos de renta son los mismos, pero hace falta más nota. Esa reducción de becas se mezcla con el encarecimiento de las matrículas universitarias en buena parte de España. Los ajustes causan estragos en la economía de los hogares con hijos en edad escolar. El recorte de 137 millones en las partidas de material escolar ha dejado a 1,1 millones de estudiantes sin ayudas, dice un informe del Defensor del Pueblo. También el número de becas de comedor, calculan las asociaciones de padres, ha sufrido un tijeretazo de entre el 30% y el 50%. Esa cifra preocupa a los expertos porque implica que algunos de los menores dejan de tomar la única comida equilibrada que hacían.
La reforma sanitaria que realizó el Gobierno, que además ha dejado sin asistencia normalizada a los extranjeros en situación irregular, se ha notado mucho. El pago por los medicamentos es ahora más alto que hace cinco años. Antes, todos los ciudadanos activos pagaban un 40% de los fármacos con receta; ahora esa cantidad depende de la renta y puede llegar al 60%. Además, por primera vez, unos 8,5 millones de pensionistas pagan por las medicinas que hasta ahora, si se las recetaba el médico, tenían gratis.
Los presupuestos de sanidad de Gobierno y comunidades han sufrido una disminución en torno al 11%, es decir, 6.875 millones entre 2010 y 2013, el equivalente a unos 160 euros al año menos por habitante y año. Una de las partidas más afectadas ha sido la destinada a salud pública y prevención, que ha caído casi a la mitad. Esto preocupa extremadamente a los expertos, sobre todo porque desde 2008 se han incrementado algunas enfermedades infecciosas prevenibles, como las paperas, la tosferina o el sarampión.
También está poniendo en riesgo la calidad de la asistencia al adelgazar las plantillas de profesionales sanitarios: no se cubren bajas ni se hacen sustituciones, y en dos años se han perdido más de 18.500 trabajadores, según los datos del Registro Central de Personal de las Administraciones públicas. Ya se aprecia el deterioro en las listas de espera para acudir al especialista, para lo que hay que aguardar 59 días de media, o pasar por el quirófano. El plazo que los pacientes esperan de media para una intervención quirúrgica se ha disparado de 76 días a 100. Es el mayor incremento registrado en un año desde que en 2004 el Ministerio de Sanidad empezó a registrar esos datos.
Un porcentaje creciente de ciudadanos ni siquiera son capaces de afrontar el coste de la cesta de la compra y se ven obligados a recurrir a comedores sociales y a bancos de alimentos. En 2012 se atendió a 1,5 millones de personas, el doble que en 2009, según la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Tampoco han salido indemnes los hábitos de consumo de los que sí pueden permitirse acudir al supermercado. El porcentaje de personas que consume fruta a diario ha bajado un 5,4% desde 2007, y un 5,1% los que consumen lácteos a diario, según la Encuesta Nacional de Salud y los datos del Panel de Consumo Alimentario. Además, ha disminuido el número de ciudadanos que consumen pescado habitualmente: ahora lo hacen, como mucho, dos veces a la semana. La caída es acumulada, pero en solo un año el consumo total de pescado y marisco ha bajado un 1,2%.
Estos cambios tienen mucho que ver con el precio. En 2011, el 41% de los ciudadanos consultados por el Centro de Investigaciones Sociológicas reconocieron que habían cambiado sus hábitos de alimentación por la crisis. Lo han hecho, por ejemplo, dejando de lado el aceite de oliva, uno de los principales protagonistas de la dieta mediterránea, que ha disminuido desde 2008. Las familias trasladan su consumo de los alimentos frescos a los preparados, carnes transformadas y bollería industrial.
Un sector de la población que ya ha visto cómo sus rentas han perdido un 3,1% de poder adquisitivo desde 2011 y aguarda con inquietud los nuevos cambios en sus pensiones, que ya no supeditarán sus incrementos a la evolución de los precios. Y eso que los jubilados son el colchón de muchas familias, como indica un estudio de la Fundación La Caixa. En 2010, el 7,8% de los hogares con todos sus miembros activos en paro convivían con un mayor de 65 años como principal sustentador. Una tasa que supera en 3,7 puntos a la de 2007 y en 7 a la de Reino Unido o Dinamarca.
Los recortes sociales, especialmente en la Ley de Dependencia, han alimentado el desamparo de los más débiles. El número de personas que reciben estas ayudas se ha reducido en 12.438 en el último semestre de 2013, según el Observatorio de la Dependencia. Los ajustes han disminuido 283 millones destinados a esta prestación. Un tijeretazo que se suma al sufrido por los cuidadores familiares, a quienes, además de excluirles de la cotización, se les ha recortado un 15% la paga. La prestación de la Ley de Dependencia ha quedado en los huesos y cada vez es más difícil recibirla o mantenerla.
Parece que las políticas sociales, de las que España hizo bandera antes de la crisis, se han convertido en un lujo. Lo que antes era inversión de futuro, ahora es gasto superfluo. Es lo mismo que ha ocurrido con la innovación, la investigación o la cultura.
El gasto público en investigación y desarrollo ha caído más de 3.000 millones de euros desde 2008, amenazando el sistema de Investigación y Desarrollo español, construido con mucho esfuerzo durante 30 años, y que se tardará una década o dos en recuperar. Miles de investigadores ven truncadas sus posibilidades en España.
Igual que a la ciencia, las Administraciones están tratando a la cultura como algo prescindible. La subida del IVA de los productos culturales al 21%, el doble de la media europea, ha provocado una caída en torno al 20% en cuatro años en la asistencia a espectáculos, compra de libros, películas, música y videojuegos.
Las previsiones del Fondo Monetario Internacional dicen que a España le queda otros cinco años para volver al nivel de actividad previo a la crisis. Igual que con la Gran Recesión, que lo cambió todo, el cómo afrontar esta nueva etapa y gestionar las complicadas secuelas que ha dejado la crisis será la clave para el presente y futuro del país.
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