Hace unas semanas, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social para los próximos cuatro años y dotado 136 mil millones de euros, o lo que es lo mismo, destinará 93 millones de euros al día a ayudar a las familias en situación de mayor vulnerabilidad.
El Plan cuenta con 240 medidas y se articula en tres objetivos estratégicos, que son el eje de empleo, la garantía de rentas mínimas y en tercer lugar unos servicios básicos de calidad, especialmente para las personas con dificultades económicas, además de un apartado específico de atención a todos los grupos que pueden encontrarse en riesgo de exclusión. Por destacar algunas, se pondrá en marcha la primera Estrategia Nacional para Personas sin Hogar, para coordinar eficazmente la atención y la intervención de las 23.000 personas que se encuentran en esta situación. El Plan de Urgencia Social, en colaboración con el Tercer Sector, cubrirá las necesidades básicas de personas en situación de extrema necesidad. Y por primera vez, se incorpora un objetivo transversal de lucha contra la pobreza infantil, y habrá un Fondo Extraordinario de diecisiete millones de euros íntegramente dedicado a la atención a las necesidades básicas de los menores.
El Plan elaborado en colaboración con Ministerios, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y, de manera especial, con el Tercer Sector de Acción Social, es un instrumento integrador de todas las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España que, a la vez, da respuesta al compromiso de la Estrategia Europa 2020 de reducir entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en riesgo de sufrir esta situación. El Plan parte de una radiografía completa y actualizada de las situaciones de pobreza y exclusión en España. Es evidente que la crisis ha repercutido en la capacidad económica de muchas familias.
Se da impulso de la inclusión a través del empleo, especialmente a la colaboración entre los servicios públicos de empleo y los servicios sociales. Para los jóvenes ya se han marcha la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y para los mayores de 45 años se reforzarán los programas de reciclaje profesional.
Se promueve la garantía de un sistema de prestaciones económicas para las personas más vulnerables, en el que se dará continuidad y se adaptará el programa PREPARA, que se mantendrá automáticamente en períodos de seis meses hasta que el desempleo baje del 20 por 100. Está prevista la reorganización de las prestaciones no contributivas para mejorar evitar lagunas de cobertura, con una mayor coordinación de la información para incrementar su eficacia.
Y por último, el compromiso con los servicios básicos, enfocados a la población más desfavorecida, y que atienden el ámbito de la educación, Sanidad, vivienda, Nuevas Tecnologías, la Pobreza infantil y Grupos vulnerables como son las personas con discapacidad, mayores, en situación de dependencia, víctimas de la violencia de género, población gitana, víctimas de discriminación, reclusos o ex reclusos y personas sin hogar.
La Estrategia, inédita en nuestro país, ya es una realidad en países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal, Suecia, Noruega, etcétera.
La colaboración con el Tercer Sector de Acción Social es uno de los pilares en los que se asienta este Plan de Inclusión. No sólo ha colaborado en su elaboración, sino que muchos de los proyectos contemplados se llevarán a cabo de manera conjunta. La Plataforma del Tercer Sector valora positivamente la aprobación del Plan Nacional para la Inclusión Social 2014-2017 y lo considera "una buena estrategia a medio y largo plazo".
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