10 propuestas para combatir la pobreza y la desigualdad en Extremadura

El derecho de participación ciudadana y compromiso responsable del tercer sector extremeño le faculta para realizar propuestas orientadas a defender las políticas públicas que protegen, promueven y garantizan a todas las personas la plenitud de derechos civiles: educativos, sanitarios, laborales, en vivienda, en protección social, promoción y acceso a la cultura y protección del medioambiente.

 

Estas propuestas fueron enunciadas en la Asamblea de Extremadura con ocasión del Acto Institucional por el Día Internacional para la erradicación de la pobreza, el pasado 17 de octubre.

Como ciudadanía tenemos la responsabilidad de generar relaciones humanas y sociales que fortalezcan la solidaridad, la empatía, y el apoyo hacia quienes hoy padecen situaciones de riesgo, vulnerabilidad, pobreza y exclusión. Como ciudadanía vindicamos la capacidad de intervenir en los asuntos públicos y construcción y desarrollo cotidiano de nuestra Comunidad haciéndola más cohesionada y justa, tomando también conciencia sobre un mundo global y mirando a un Sur poblado de millones de personas que viven alejados de derechos y en una pobreza severa que causa miles de muertes a diario.

 

En Europa,

 

1. Estamos apoyando y reivindicando ante los líderes de la Unión Europea que adopten un pacto de inversión social que incluya la Inversión en empleos de calidad y la inversión en la inclusión activa garantizando el acceso a ingresos, empleo digno y servicios de calidad para todos los grupos desfavorecidos. No se deben renunciar a los objetivos de la Estrategia Europea 2020 de erradicación de la pobreza y exclusión, de empleabilidad y de educación para los que son necesarios los recursos procedentes de los Fondos Estructurales Europeos.

 

2. Estamos apoyando y reivindicando una Directiva de la Unión Europea sobre sistemas de Rentas Mínimas, que sea una muestra evidente de que Europa está decidida a proteger su Modelo Social y se convierta en un contrapeso frente a los efectos destructivos de las medidas de austeridad.

 

 

En el ámbito Estatal,

 

3. Estamos apoyando y reivindicando la permanencia y sostenibilidad de la Ley de Dependencia, cuyo respaldo social es incuestionable en sus aspectos sustanciales y que ha contribuido a la dignificación y calidad de vida tanto de los dependientes como de sus cuidadores familiares, especialmente las mujeres. Debe actuarse para frenar la reducción del número de personas beneficiarias; el retraso en la percepción de ayudas de quienes tienen el derecho reconocido a percibirlas; garantizarse el sostenimiento del programas de ayuda a domicilio; y la recuperación del derecho a la cotización de las cuidadoras familiares que han dejado de hacerlo poniendo en riesgo su propio futuro.

 

4. Apoyamos y reivindicamos que se preserve y garantice el derecho a la vivienda de las personas y familias, promoviendo la necesaria conciencia social e introduciendo cuantas iniciativas legislativas sean necesarias para la paralización de los desahucios que afecten a viviendas habituales de deudores hipotecarios y la posibilidad de que las personas afectadas puedan permanecer en sus viviendas en régimen de alquiler social.

 

5. Estamos apoyando y reivindicando los objetivos propuestos que destinan el 0,7% de la renta nacional bruta para la Ayuda al Desarrollo en el año 2015 y que se destine un 30% del PIB a inversión social (sanidad, educación, dependencia, protección social), igualando la media a niveles europeos. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014 se alejan de ese objetivo y son un claro ejemplo del duro golpe que asestan a la cooperación internacional.

 

En Extremadura,

 

6. Estamos apoyando el proceso de elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales de Extremadura, con orientaciones innovadoras que ofrezcan garantías y derechos de las personas, reconociendo el derecho subjetivo de acceso y beneficios de los servicios sociales; así como el impuso a nuevos recursos para afrontar necesidades sociales que deben ser resueltas. Recomendamos que el proceso de elaboración de la nueva Ley disponga del tiempo necesario para alcanzar todos los consensos posibles, tanto sociales como políticos, a fin de lograr la unanimidad en su aprobación final en el Parlamento de Extremadura. El tercer sector de acción social es protagonista, junto con las administraciones públicas, de la gestión e intervención directa en muchos programas y servicios sociales. De ahí que reivindiquemos el derecho de participar y hacer aportaciones a la futura Ley.

 

7. Apoyamos y reivindicamos la promoción de iniciativas y de inversión pública que contribuyan de forma sostenible y continuada al estímulo y creación de empleo directo en Extremadura, en las que participen todos los sectores económicos y productivos de la región como son las empresas, el sector público y el tercer sector; y del que se beneficien las familias que no tengan ningún miembro ocupado y los parados de larga duración.

 

8. Apoyamos y reivindicamos la implantación en Extremadura del Sistema de Garantía Juvenil acorde con la propuesta del Consejo Europeo que ponga fin a la precarización de los jóvenes, constituyendo y comprometiendo su cumplimiento dentro de un límite temporal para que los jóvenes menores de 25 años se beneficien de una de estas cuatro opciones: a través de la permanencia en la educación formal; a través de la formación continua; mediante prácticas formativas en empresas y accediendo a una oferta de empleo.

 

9. Estamos apoyando y reivindicando el desarrollo normativo de la tarjeta solidaria extremeña, como instrumento que permita el acceso y adquisición de alimentos, que garantice tanto la dignidad de las familias en situaciones de extrema necesidad y emergencia así como una alimentación equilibrada de todos sus miembros.

 

10. Estamos apoyando y reivindicando el desarrollo normativo para la creación de una Comisión de Diálogo Civil, donde el tercer sector extremeño quede reconocido como interlocutor válido y permanente de la sociedad civil para plantear sus necesidades al Gobierno y tratar, entre todos, de dar soluciones a las cuestiones que afectan a los ciudadanos en riesgo de exclusión, manteniendo una agenda de trabajo activa que avance en la eliminación de desigualdades y contribuya a la construcción de un modelo social más justo e igualitario. Urge igualmente atender a la sostenibilidad del tercer sector que evite la destrucción del tejido asociativo que a diario trabaja a favor de la cohesión social y en mejorar la calidad de las personas.