Desde que se creó en 1981 el Plan Nacional de SIDA ha logrado muchos avances en todos los ámbitos relacionados con el VIH y el SIDA: tratamiento, prevención, normalización de la infección, y en la integración de la personas con VIH en la sociedad. Gracias a la prevención de la infección se ha logrado reducir el número de personas que se infectan con el VIH cada año en España. Aun así, se estima que cada año se infectan más de 3.000 personas, y casi la mitad de éstas es diagnosticado cuando su sistema inmunológico se encuentra en mal estado, lo que complica su tratamiento.
Pero no todo son buenas noticias. Los recortes para el Plan Nacional sobre el Sida suponen un retroceso de consecuencias “impredecibles” en la infección por el VIH y el SIDA en España. Una reducción de más del 50% de su presupuesto “mutila” el Plan Nacional de SIDA y puede “tirar a la basura” todos los logros conseguidos en España en la infección por VIH.
Para entender las advertencias puestas de manifiesto en España basta con mirar lo que está sucediendo en Grecia, afectada por una terrible crisis financiera, que recortó sus programas de prevención e información en VIH y SIDA y de drogas.
En Grecia, Las prostitutas, los toxicómanos, las personas sin techo e inmigrantes indocumentados están en el punto de mira como blancos potenciales de una polémica medida de mano dura: la realización de pruebas forzosas del VIH como peculiar política preventiva. El sistema de salud pública, desbaratado por cinco años de recesión con recortes en prevención y seguimiento del SIDA, ha supuesto un aumento descontrolado del 200% desde 2011 en el número de contagios, a la vez que los centros de tratamiento han visto reducido a la mitad su presupuesto.
Por si fuera poco, un decreto del Gobierno griego permite a la policía detener arbitrariamente a cualquier persona para someterla a pruebas de detección o control obligatorias. Además del VIH, ha incluido otras enfermedades “de relevancia sanitaria pública”, patologías que se creían erradicadas en Europa y que, por sus connotaciones de miseria, provocan alarma, como la tuberculosis, la malaria, la polio, la hepatitis y la sífilis. Las víctimas propiciatorias son drogodependientes por vía intravenosa, prostitutas, inmigrantes indocumentados procedentes de países donde esas enfermedades son endémicas y, gente que viva en condiciones que no reúnan mínimos estándares de higiene, incluidos las personas sin hogar.
La policía tendrá potestad para hacer cumplir el aislamiento y cuarentena de esas personas. Muchas voces advierten que no sólo se trata de un atentado contra los derechos humanos, sino que además no hay ningún dato médico que demuestre la eficacia de prácticas semejantes. Tras las primeras detenciones no se redujo el número de casos y sí al contrario, y muy negativamente, la desconfianza contra los trabajadores sanitarios. Las ONGs griegas acusan al ministerio de estigmatizar y criminalizar a los grupos más vulnerables de la población.
La salud pública no se protege castigando a los seropositivos, sino con programas integrales de prevención, educación sexual en las escuelas y campañas públicas de información. Todo eso cuesta dinero, y no lo hay, pero sí hay prioridades, y la salud pública debería ser una de ellas.
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