La semana pasada escribía sobre la discapacidad y la necesaria reforma de la ley del aborto, para que España fuese cumplidora con la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, impulsada por las Naciones Unidades, y por tanto promover con urgencia reformas legislativas respetuosas con el tratado internacional de la discapacidad. Pero no es lo único que el Gobierno deberá modificar.
Además deberá cambiar el Código Civil y las leyes procesales civiles para suprimir de nuestro ordenamiento la figura de la incapacitación judicial y sustituirla por un proceso de apoyo a la toma libre de decisiones por parte de las personas con discapacidad que precisen de este acompañamiento.
En el ámbito penal, el Gobierno ha de desterrar de las leyes la aceptación de la esterilización no consentida de determinadas personas con discapacidad y establecer un sistema de medidas de seguridad en el que la discapacidad no resulte un hecho relevante a ningún efecto negativo para los derechos y la libertad de la persona. Y ya de paso diremos que otra normativa que ha de modificarse es la legislación de Jurado, que mantiene disposiciones que excluyen a las personas con discapacidad y que a la luz de la Convención, resultan claramente discriminatorias.
En definitiva, la agenda de asuntos es enorme y el ministerio de Justicia y el Gobierno han de impulsarla con rapidez y en todo caso con arreglo a los principios y mandatos de la Convención de Naciones Unidas, que obliga a alterar sustancialmente muchas las normativas y prácticas aceptadas en relación con la Justicia y las personas con discapacidad.
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