Ley de Medidas contra la Exclusión Social de Extremadura

Ahora la Ley de Medidas contra la Exclusión Social de Extremadura. Asignatura pendiente, la formación y el empleo.

La Asamblea de Extremadura aprobó el jueves 7 de julio la Ley de Medidas contra la Exclusión Social de Extremadura, que corrige y da respuesta a la reforma de la Renta Básica Extremeña de Inserción, garantiza el acceso universal a la Salud, regula el acceso a la vivienda en Extremadura y asegura los mínimos vitales de agua y energía. Lástima que esta Ley no haya contado con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios.

Esta Ley devuelve derechos a la ciudadanía: el derecho real y efectivo a una Renta Básica para quien la necesita; derecho a la salud universal y gratuita para todo residente en Extremadura con independencia de tiempo de residencia, nacionalidad o situación legal; ley que revierte situaciones de necesidad de miles de familias aunque dentro de un interés del bien colectivo y solidario, como es el acceso a la vivienda protegida y asegurar el pago de energía y agua cuando la unidad titular de la vivienda no puede pagarlas.

Lo más significativo de analizar es la Renta Básica Extremeña de Inserción, por su impacto sobre la población y sobre los presupuestos del Gobierno autonómico. Quienes hemos seguido de cerca la normativa de la Renta Básica desde hace más de tres años, desde que fuera un primer borrador hasta la cuarta reforma de la ley aprobada ahora, podemos constatar cómo ésta ha evolucionado en las siguientes dimensiones.

La primera dimensión es política: La primera Ley de Renta Básica fue aprobada en 2013 durante el gobierno de José Antonio Monago, aprobada por unanimidad. Aquella Ley nació reconociendo un derecho subjetivo para la ciudadanía sin ingresos, pero cargada de cortapisas que la hacían muy inaccesible. Hoy podemos afirmar que las reformas contempladas en esta Ley de Medidas contra la Exclusión Social están más cerca de dar respuesta real a quienes verdaderamente pueden necesitarla.

La Renta Básica se impulsó en Extremadura en 2013, una de las pocas Comunidades Autónomas que no la tenía. De los primeros 1.500 a los más de 16.000 beneficiarios actuales; de las 50 exigencias administrativas y el silencio administrativo negativo expirado el plazo a los 15 documentos lógicos actuales y el silencio administrativo positivo; del más de un año que tuvieron que esperar los primeros perceptores a los tres meses máximos que deberán esperar en la actualidad; de los 7 millones de euros del primer presupuesto de Renta Básica (que ni se agotó en su totalidad) a los 86 millones de euros con que deberá estar dotada dentro de dos años.

La segunda consideración es administrativa. Ha habido que crear un Sistema Público de Renta Básica, que gestione la entrada de solicitudes, revisión de documentos y la concesión de la prestación. La Junta de Extremadura ha tenido que desarrollar reglamentos, invertir en medios y profesionales. Además tuvo que reforzar los Servicios Sociales de Base municipales, que han soportado toda la presión de la demanda ciudadana y crearon sin buscarlo un enorme cuello de botella de difícil solución hasta que se le dieron los apoyos con más trabajadores sociales.

Y la tercera consideración tiene que ver con los perceptores y familias beneficiarias. Para estos, la Renta Básica no puede ser un sistema de ayudas económicas indefinidas en el tiempo. Son ciudadanos que deberán formar parte de la población activa, que obtengan ingresos salariales por su trabajo, que coticen a la seguridad social y la jubilación del futuro. La Renta Básica debe ser de entrada y salida, una prestación económica de emergencia hasta que obtengan un empleo de calidad, estable en el tiempo y de salarios que les permitan vivir dignamente.

Asignatura pendiente, la formación y el empleo.

Esa es en mi opinión la gran asignatura pendiente todavía. Quienes perciben y se benefician de la Renta Básica deben activarse, formarse, inventarse, reciclarse laboralmente, avanzar y mejorar en sus competencias profesionales, dar un salto de calidad personal que les permita encontrar un empleo, el anhelado trabajo que los saque de la vulnerabilidad, la pobreza y la exclusión. Para ello debe contarse con políticas públicas de estímulo al empleo dirigido a este grupo de población.