El INE acaba de publicar los resultados definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2015, diseñada para obtener información sobre los ingresos en los hogares y en general sobre la situación económica; información sobre pobreza, carencias, protección social e igualdad de trato; sobre empleo y actividad en los hogares; sobre el desarrollo regional; y sobre los efectos socioeconómicos del nivel formativo y la salud.
En el conjunto del estado, destaca la encuesta que los hogares españoles contaron con menos dinero en 2014 que con respecto a 2013. Del mismo modo, indica que el 22,1% de la población está en riesgo de pobreza. Este es el indicador de desigualdad, es decir, señala cuántas personas tienen ingresos bajos respecto al conjunto de la población. Pese a una ligera mejoría en la tasa en riesgo de pobreza respecto de 2014, queda muy lejos para poder afirmar que los efectos de la recuperación económica y de creación de empleo tienen una consecuencia directa en la mejoría de la población que peor lo está pasando en una crisis económica que cumple su octavo año. Por tanto, no debe resultar extraño que 4 de cada diez hogares españoles no tenga capacidad para afrontar gastos imprevistos o que el 14% de los hogares tengan muchas dificultades en llegar a fin de mes.
Como bien advierten desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, (EAPN España) respecto de la ECV, como en toda encuesta, conforme se desagrega más la información, la robustez de los resultados va disminuyendo y aumentan los errores de muestreo. Así pues, si bien los resultados globales son muy aceptables, la interpretación de resultados referidos a colectivos más reducidos (una determinada región, características socio demográficas, o cruces de las mismas) hay que realizarlos con las debidas cautelas.
Conviene recordar que incluso en los años de crecimiento, cuando España estaba en ciclo económico expansivo, la tasa de riesgo de pobreza no bajó del 18%. ¿Cómo hay que interpretar entonces este dato de desigualdad? La primera evidencia es que crecimiento económico no equivale a una mejor distribución de las rentas y del empleo que saque a una gran parte de la población del riesgo de pobreza. En segundo lugar, lo que sí sabemos es que del mismo modo que los ciclos expansivos sirven para que las personas salgan, aunque sea de manera temporal de la situación de riesgo y que incluso disminuya el número de personas afectadas, en cambio, en los ciclos contractivos la situación de riesgo afecta a más población y se cronifica (perdura más en el tiempo). En tercer lugar, que las llamadas transferencias sociales (esto es, sistemas y políticas sociales tales como educación, sanidad, protección por desempleo, pensiones...) sirven para corregir los efectos de desigualdad que genera el sistema económico en el que vivimos.
Volviendo a los datos de la ECV 2015, las situaciones de dificultad son mayores en las familias con hijos menores de 16 años y menor en aquellas familias con edades de más de 65 años, jubiladas y pensionistas, donde los efectos de la crisis no ha tenido impacto directo, sino por el efecto de hogares nodrizas que se ocupan de apoyar a sus propias familias, hijos y nietos, ya sea acogiéndolos en sus propios hogares nuevamente o apoyando económicamente que salgan adelante cubriendo sus necesidades básicas.
El indicador europeo que recoge la población en riesgo de pobreza y exclusión social, indicador AROPE por sus siglas en inglés, en el estado español se sitúa en el 28,6% de la población. Llama la atención que la nota publicada lo omita conscientemente. Aparte de este hecho, el AROPE tiene en cuenta tres elementos. Los datos ofrecidos para España son, en el primero, población en riesgo de pobreza (22,1%); el segundo es de población afectada por carencia material severa (6,4%); y el tercero población que habita hogares con baja intensidad en el empleo (15,4%). La ECV afina un poco más los datos en función de la nacionalidad, el nivel de estudios alcanzado, el tipo de hogar o la actividad laboral. En este sentido, es mayor en los hogares donde viven extranjeros no comunitarios (55,3%); en los que el nivel máximo de estudios es la primera etapa de educación secundaria (29,9%); en los hogares monoparentales donde habitan un adulto con uno o más niños (37,5%); y donde todos los miembros de la unidad familiar en edad de trabajar están en paro (44,8%).
Datos de Extremadura
Extremadura, el indicador AROPE es el 35,2%, y la Tasa de riesgo de pobreza es de un 29%, tiene el deshonor de ocupar el tercer puesto de las comunidades autónomas con una tasa de riesgo de pobreza más elevada (solo Andalucía y Región de Murcia nos superan), Tres de cada diez personas, un tercio de la población, están afectadas por el riesgo de pobreza.
En cuanto a ingresos medios anuales netos por persona, los extremeños disponemos con 8.459€ anuales, frente a los 13.836€ de País Vasco (la que más), o la media estatal de 10.419€. Pero cuidado, e insisto, esto es la media, de ahí que la ECV haga cinco grupos de hogares en función de la renta disponible para acercarse más a la situación real y a la desigualdad entre los hogares. Una cuarta parte (25,5%) de las unidades de consumo (hogares) forma parte del grupo que tiene menores rentas, el 30% del segundo grupo con rentas intermedias pero bajas, y un 19% con rentas intermedias medias. En los grupos de las rentas intermedias altas señala al 14,2% de la población y solo un 10,6% de la población cuenta con rentas más altas. Estos datos pueden dar lugar a muchas interpretaciones de toda índole, pero sin duda muestran una sociedad fragmentada y empobrecida.
Nuestra región sigue requiriendo una alta dependencia de las transferencias sociales, en particular de los sistemas de protección social como son las pensiones, la protección por desempleo y la renta básica, a fin de mitigar los efectos de unos bajos ingresos en los hogares extremeños y vista la insuficiente y desigual recuperación económica. Pero estos sistemas de protección deben ir acompañadas de políticas activas, que ayuden al estímulo económico y de empleo, mayoritariamente de carácter público. Inevitablemente debe ser así, nuestro frágil sector privado, débil históricamente, ha quedado además y sigue muy tocado con esta crisis que en Extremadura aún no vislumbra fin. EL sector público en Extremadura representa un tercio del motor económico, generador de inventivos a través de las inversiones públicas, ayudas directas a la creación de empleo y mediante sistemas propios de protección social.
Nota: La EAPN España dispone de una Guía Básica para interpretar los indicadores de desigualdad, disponible pinchando en este enlace.
En el conjunto del estado, destaca la encuesta que los hogares españoles contaron con menos dinero en 2014 que con respecto a 2013. Del mismo modo, indica que el 22,1% de la población está en riesgo de pobreza. Este es el indicador de desigualdad, es decir, señala cuántas personas tienen ingresos bajos respecto al conjunto de la población. Pese a una ligera mejoría en la tasa en riesgo de pobreza respecto de 2014, queda muy lejos para poder afirmar que los efectos de la recuperación económica y de creación de empleo tienen una consecuencia directa en la mejoría de la población que peor lo está pasando en una crisis económica que cumple su octavo año. Por tanto, no debe resultar extraño que 4 de cada diez hogares españoles no tenga capacidad para afrontar gastos imprevistos o que el 14% de los hogares tengan muchas dificultades en llegar a fin de mes.
Como bien advierten desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, (EAPN España) respecto de la ECV, como en toda encuesta, conforme se desagrega más la información, la robustez de los resultados va disminuyendo y aumentan los errores de muestreo. Así pues, si bien los resultados globales son muy aceptables, la interpretación de resultados referidos a colectivos más reducidos (una determinada región, características socio demográficas, o cruces de las mismas) hay que realizarlos con las debidas cautelas.
Conviene recordar que incluso en los años de crecimiento, cuando España estaba en ciclo económico expansivo, la tasa de riesgo de pobreza no bajó del 18%. ¿Cómo hay que interpretar entonces este dato de desigualdad? La primera evidencia es que crecimiento económico no equivale a una mejor distribución de las rentas y del empleo que saque a una gran parte de la población del riesgo de pobreza. En segundo lugar, lo que sí sabemos es que del mismo modo que los ciclos expansivos sirven para que las personas salgan, aunque sea de manera temporal de la situación de riesgo y que incluso disminuya el número de personas afectadas, en cambio, en los ciclos contractivos la situación de riesgo afecta a más población y se cronifica (perdura más en el tiempo). En tercer lugar, que las llamadas transferencias sociales (esto es, sistemas y políticas sociales tales como educación, sanidad, protección por desempleo, pensiones...) sirven para corregir los efectos de desigualdad que genera el sistema económico en el que vivimos.
Volviendo a los datos de la ECV 2015, las situaciones de dificultad son mayores en las familias con hijos menores de 16 años y menor en aquellas familias con edades de más de 65 años, jubiladas y pensionistas, donde los efectos de la crisis no ha tenido impacto directo, sino por el efecto de hogares nodrizas que se ocupan de apoyar a sus propias familias, hijos y nietos, ya sea acogiéndolos en sus propios hogares nuevamente o apoyando económicamente que salgan adelante cubriendo sus necesidades básicas.
El indicador europeo que recoge la población en riesgo de pobreza y exclusión social, indicador AROPE por sus siglas en inglés, en el estado español se sitúa en el 28,6% de la población. Llama la atención que la nota publicada lo omita conscientemente. Aparte de este hecho, el AROPE tiene en cuenta tres elementos. Los datos ofrecidos para España son, en el primero, población en riesgo de pobreza (22,1%); el segundo es de población afectada por carencia material severa (6,4%); y el tercero población que habita hogares con baja intensidad en el empleo (15,4%). La ECV afina un poco más los datos en función de la nacionalidad, el nivel de estudios alcanzado, el tipo de hogar o la actividad laboral. En este sentido, es mayor en los hogares donde viven extranjeros no comunitarios (55,3%); en los que el nivel máximo de estudios es la primera etapa de educación secundaria (29,9%); en los hogares monoparentales donde habitan un adulto con uno o más niños (37,5%); y donde todos los miembros de la unidad familiar en edad de trabajar están en paro (44,8%).
Datos de Extremadura
Extremadura, el indicador AROPE es el 35,2%, y la Tasa de riesgo de pobreza es de un 29%, tiene el deshonor de ocupar el tercer puesto de las comunidades autónomas con una tasa de riesgo de pobreza más elevada (solo Andalucía y Región de Murcia nos superan), Tres de cada diez personas, un tercio de la población, están afectadas por el riesgo de pobreza.
En cuanto a ingresos medios anuales netos por persona, los extremeños disponemos con 8.459€ anuales, frente a los 13.836€ de País Vasco (la que más), o la media estatal de 10.419€. Pero cuidado, e insisto, esto es la media, de ahí que la ECV haga cinco grupos de hogares en función de la renta disponible para acercarse más a la situación real y a la desigualdad entre los hogares. Una cuarta parte (25,5%) de las unidades de consumo (hogares) forma parte del grupo que tiene menores rentas, el 30% del segundo grupo con rentas intermedias pero bajas, y un 19% con rentas intermedias medias. En los grupos de las rentas intermedias altas señala al 14,2% de la población y solo un 10,6% de la población cuenta con rentas más altas. Estos datos pueden dar lugar a muchas interpretaciones de toda índole, pero sin duda muestran una sociedad fragmentada y empobrecida.
Nuestra región sigue requiriendo una alta dependencia de las transferencias sociales, en particular de los sistemas de protección social como son las pensiones, la protección por desempleo y la renta básica, a fin de mitigar los efectos de unos bajos ingresos en los hogares extremeños y vista la insuficiente y desigual recuperación económica. Pero estos sistemas de protección deben ir acompañadas de políticas activas, que ayuden al estímulo económico y de empleo, mayoritariamente de carácter público. Inevitablemente debe ser así, nuestro frágil sector privado, débil históricamente, ha quedado además y sigue muy tocado con esta crisis que en Extremadura aún no vislumbra fin. EL sector público en Extremadura representa un tercio del motor económico, generador de inventivos a través de las inversiones públicas, ayudas directas a la creación de empleo y mediante sistemas propios de protección social.
Nota: La EAPN España dispone de una Guía Básica para interpretar los indicadores de desigualdad, disponible pinchando en este enlace.
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