En los últimos días la llegada masiva de los refugiados a las fronteras de la Unión Europea (espacio Schengen) ha tenido tal repercusión mediática que pareciera que estaban timbrando en las puertas de la mismísima sede de la Unión en Bruselas o de los palacios de los primeros ministros, y una vez más la bochornosa respuesta de la política exterior europea que reacciona cuando se siente realmente amenazada. El conflicto sirio no es nuevo, va camino del lustro, y no han hecho nada para atajar las causas. Ahora las consecuencias se tornan en millones de desplazados y centenares de miles pretendiendo llegar a Europa. La reacción en Extremadura, tanto institucional como ciudadana ha sido favorable, una vez más, a la acogida de los refugiados que vengan.
La distribución del cupo de refugiados que asigne la Unión Europea para España y su posterior distribución por las Comunidades Autónomas implica que desde la tutela efectiva del Gobierno español se garantice la acogida en espacios residenciales adecuados y que faciliten la integración social y laboral, de acuerdo con la legislación española en materia de asilo y extranjería.
Mientras las personas acogidas permanezcan en España - probablemente no será indefinidamente -, y por ende aquí en Extremadura, tienen derecho y deben tener una integración que permita el aprendizaje del idioma y facilite una adecuada convivencia con los vecinos y vecinas y los usos y costumbres de nuestros municipios. Las familias tienen derecho a que sus hijos e hijas sean escolarizados en el municipio de residencia y todas las personas gozan del derecho de atención y asistencia sanitaria. La legislación permite que, a partir del sexto mes de estancia en España, los mayores de 16 años tienen autorización para trabajar, permitiendo de ese modo un aumento de la autonomía personal y familiar.
Extremadura tiene experiencia en la acogida e integración sociolaboral de refugiados en nuestros municipios, experiencia que facilitará la eficacia con los que vendrán. Esta experiencia demuestra, incluso empíricamente, que la adversidad de la actual crisis económica no incrementa las dificultades de su integración.
La distribución del cupo de refugiados que asigne la Unión Europea para España y su posterior distribución por las Comunidades Autónomas implica que desde la tutela efectiva del Gobierno español se garantice la acogida en espacios residenciales adecuados y que faciliten la integración social y laboral, de acuerdo con la legislación española en materia de asilo y extranjería.
Mientras las personas acogidas permanezcan en España - probablemente no será indefinidamente -, y por ende aquí en Extremadura, tienen derecho y deben tener una integración que permita el aprendizaje del idioma y facilite una adecuada convivencia con los vecinos y vecinas y los usos y costumbres de nuestros municipios. Las familias tienen derecho a que sus hijos e hijas sean escolarizados en el municipio de residencia y todas las personas gozan del derecho de atención y asistencia sanitaria. La legislación permite que, a partir del sexto mes de estancia en España, los mayores de 16 años tienen autorización para trabajar, permitiendo de ese modo un aumento de la autonomía personal y familiar.
Extremadura tiene experiencia en la acogida e integración sociolaboral de refugiados en nuestros municipios, experiencia que facilitará la eficacia con los que vendrán. Esta experiencia demuestra, incluso empíricamente, que la adversidad de la actual crisis económica no incrementa las dificultades de su integración.
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