Las SICAV

Las Sociedades de Inversión de Capital Variable, las conocidas como SICAV, son un instrumento financiero concebido para canalizar el ahorro de personas particulares y dedicarlos a la inversión que cada una de ella decida en cada momento. Para constituir una SICAV se exige un patrimonio mínimo de 2,8 millones de euros. Actualmente en España hay unas 3100 SICAV censadas que aglutinan unos 27.500 millones de euros. Son, por tanto, instrumentos financieros reservados para grandes patrimonios.

Habitualmente se suele criticar el tratamiento fiscal favorable que tienen estas sociedades de inversión, cuyo tipo impositivo es del 1% en el impuesto sobre sociedades. No obstante, el socio de las SICAV, en el momento de recuperar su inversión deberá tributar como renta del ahorro por las plusvalías obtenidas, al tipo impositivo que le corresponda como cualquier otro ahorrador, si bien esto último es algo inusual al tratarse, como hemos dicho, de grandes patrimonios. 

Desde los técnicos de inspección de Hacienda consideran que donde debe radicar el motivo de la verdadera preocupación de estas sociedades de inversión es en la total ausencia de control que hay sobre ellos. 

Actualmente, el control del cumplimiento de la SICAV está en manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se limita básicamente a comprobar que en el momento de su constitución cumple con los requisitos formales y de capital para autorizar su constitución. Una vez autorizada, su control se limita a constatar que dichos requisitos se siguen cumpliendo en el tiempo. 

Desde el momento que ha sido constituida, el control sobre la SICAV corresponde a la Agencia Tributaria, pero que paradójicamente no tiene competencia para poder investigar una posible utilización fraudulenta de una SICAV. A modo de ejemplo, la Agencia Tributaria desconoce el origen de esos fondos, desconoce la verdadera estructura patrimonial que hay detrás y sobre todo, es imposible determinar si la SICAV es fraudulenta o no y, si se han cometido delitos como blanqueo de capitales o delito fiscal. 

De modo que ningún organismo público de inspección controla el origen de los fondos que constituyen la SICAV ni tampoco controla a los verdaderos titulares del patrimonio, dando como resultado en muchos casos una conexión directa con paraísos fiscales.

En los primeros años de la crisis, en España se produjo una deslocalización y fuga de capitales, pero en cambio las SICAV han crecido tanto en número como en patrimonio gestionado. Por tanto, más que una sospecha es una certeza que esta falta de control es lo que ha motivado que el número de SICAV se haya incrementado de manera notable en los últimos años. 

Parece paradójico que con un nivel de fraude fiscal situado en el entorno del 20% se pueda permitir que 27.500 millones de euros escapen al control de Hacienda. 

Al cierre de 2012 existían 2.924 SICAV formadas por poco más de 387mil accionistas, pero en casi el 40% de ellas, un solo accionista controlaba más del 80% de las acciones o lo que es lo mismo, su Patrimonio. 

En estos meses, el Gobierno de España acometerá una importante reforma sobre el sistema tributario español, que afectará a empresas como ciudadanos, que afectará a los impuestos directos e indirectos, y afectará también a cómo se controlan e inspeccionan a los contribuyentes. En este escenario debiera ser la oportunidad de revisar el control sobre las SICAV, pero, paradójicamente, estas no se tocan.