Caras y cifras de la crisis

"Caras y cifras de la crisis" es el lema de cabecera de la 2ª Cumbre Social de Extremadura, que tendrá lugar en Cáceres el próximo jueves 24 de abril. La ponencia de apertura que me corresponde impartir se titula "Actuar ante el retroceso de derechos y el aumento de la desigualdad".

La Cumbre Social se constituyó en Extremadura en septiembre de 2012, formándose como plataforma integrada por más de 60 entidades con presencia en esta Comunidad para articular a la Sociedad Civil en la defensa del Estado de Bienestar y los Derechos Sociales y Laborales.

Los objetivos que centran este Encuentro Plenario son cuatro: Reafirmarnos en el reconocimiento a nuestro trabajo común, contribuir al diagnóstico social de Extremadura, impulsar la participación de la ciudadanía y fortalecer nuestra capacidad de hacer propuestas alternativas a favor de las personas.

Incorporo aquí una parte de mi intervención, "Actuar ante el retroceso de derechos y el aumento de la desigualdad"

La virtud de la Cumbre Social radica en la capacidad de unirse en la defensa de los Derechos de la Ciudadanía, apoyando con sus acciones tanto la cohesión social como a los sectores sociales más vulnerables, y de los Sistemas Públicos como garantizadores de los derechos, protectores de las personas y correctores de las desviaciones en la desigualdad y las injusticias.

Las entidades echan sus raíces, crecen y se mueven entre las personas y los territorios extremeños, se mueven en los hogares, las empresas, los centros educativos, los hospitales, en el campo, en la industria, en la cultura.... Esa realidad es de la que beben diariamente y la que permite hacer un diagnóstico de la situación de las personas, de la sociedad, en aspectos como la vivienda, la educación, la sanidad, el empleo, la fiscalidad y la económica general, las políticas sociales y la protección social. Y es sobre esa base de diagnóstico de la realidad sobre la que es capaz de hacer que la ciudadanía participe y la que permite formular propuestas.

Esa raíz social permite decir que es necesario afrontar con decisión, prioridad y urgencia la crisis social que atenaza y condiciona el futuro de Extremadura.

Desde 2007 ha habido una secuencia de crisis superpuestas (financiera, económica, de deuda, del euro… y también social), en las que se han antepuesto y priorizado las soluciones para las crisis económica y financiera en detrimento de la crisis social, y por tanto a costa de las familias, los trabajadores, los estudiantes, los mayores… No se puede negar la crudeza del escenario actual, y señalar que algunos aspectos necesarios para el buen funcionamiento de la economía y para el bienestar de las personas ponen de manifiesto que la situación de la economía real, del empleo y la calidad del mismo, de la protección social y la calidad de dicha protección, han caído a peor situación a cómo se encontraban en 2007.

Las organizaciones y entidades de la Cumbre Social son testigos diarios de situaciones que ponen al descubierto y desenmascaran determinados discursos que atribuyen a la recuperación de la macroeconomía el bálsamo automático que lleva a la recuperación de la economía real, a la creación de empleo de calidad y al bienestar y la protección de las personas. Discurso que por un lado responsabiliza y culpa a las personas de su propia situación, sea la que sea, por no poder pagar su vivienda de alquiler o hipotecada, de no tener la adecuada formación, por no haber conseguido un empleo, por carecer de ingresos económicos con las que atender a su familia, o incluso por haber sido víctima de un fraude financiero…, y por el contrario, todas aquellas estructuras generadoras de la desigualdad social y la exclusión quedan protegidas y absueltas de toda responsabilidad.

Una brecha social y una desigualdad social que ha aumentado de forma incesante desde el comienzo de la crisis, afectando directamente a más de la mitad de la población extremeña, debilitando considerablemente el presente, el futuro a corto plazo y aumentando la vulnerabilidad a medio y largo plazo. Y todo parece indicar que seguirá haciéndolo en los próximos años pese a que haya indicadores macroeconómicos que apunten a una posible y cierta recuperación.

Por tanto, no debe cesar la tarea de testificar públicamente las consecuencias sociales de las políticas económicas actuales, que están generando empobrecimiento y pérdida de bienestar, y debilitando la cohesión social. Es necesario denunciar que se están sustituyendo derechos ciudadanos por recursos y servicios, que son en definitiva gestos paliativos más próximos al asistencialismo cuya utilidad es mantener la calma social. Mientras se mantengan y se sigan haciendo políticas que implican pérdidas de derechos, se estarán perdiendo las condiciones de acceso a los bienes comunes vinculados a una vida digna. Desde el comienzo de la crisis han aumentado los expulsados sociales, y seguirá sucediendo en los próximos años si no se cambian las políticas: expulsados de sus viviendas, de la asistencia sanitaria, del trabajo, de las prestaciones, de la dependencia, etc…

¿De quiénes estamos hablando? ¿Podemos poner algunas caras a quienes están afectados? No puedo ser exhaustivo. Las familias extremeñas pagan más por la luz, por el agua, por el combustible, por el IBI, por el IVA…, y los salarios han bajado y los convenios han quedado desregulados. Los pensionistas están perdiendo poder adquisitivo y pagan por sus medicamentos. Las personas desempleadas perciben menos prestación, tardan más en encontrar un empleo, tienen más dificultades de acceder a subsidios. Los estudiantes universitarios pagan más por las tasas, les han cambiado los criterios de acceso a las becas y sufren retrasos hasta ahora desconocidos en recibirlas. Tampoco las reformas hipotecarias han impedido los desahucios y permite la dación en pago. La Renta Básica Extremeña no está llegando a quien realmente la necesita, casi un año después de aprobar la Ley.

Mientras se siga priorizando la economía de los capitales frente a la economía para los ciudadanos, para el empleo de calidad y la economía real, se continuará amenazado el compromiso del Estado por el bienestar de las personas. Los recortes no solo han sido económicos, han llevado consigo una violación de derechos que han afectado a la inmensa mayoría de la población española y extremeña.

En apenas cinco años, por causa de acuerdos adoptados en el ámbito europeo, tanto nuestros municipios, como las comunidades autónomas, como nuestro país, han perdido autonomía y tienen más que nunca una mayor dependencia fiscalizadora externa. El ejemplo más evidente es la conocida como Troika, o si lo prefieren, los hombres de negro que en representación del FMI, el BCE y la Comisión Europea, se dedican a visitar, inspeccionar, juzgar y condicionar las medidas económicas que se deben adoptar en los países de la UE, entre ellos España.

Desgraciadamente, hasta ahora, quienes tienen responsabilidades de gobierno, en vez de buscar la participación y el apoyo ciudadano, en vez de buscar el consenso a través del diálogo y la concertación social, en vez de recurrir a la consulta ciudadana llegado el caso, en la mayoría de las veces, como sabéis, han legislado para proteger las decisiones que subyugan su capacidad de gobernar y respaldan a estos organismos y sus políticas. De ahí que no deba resultar extraño a nadie que, en paralelo, haya habido un aumento de la desafección política y un debilitamiento de las instituciones democráticas. Lo ponen de manifiesto sucesivas encuestas sociológicas.

Ahora bien, la desafección política tiene dos indicadores que la llevan más allá: También es desafección cuando la mayoría de los ciudadanos duda que el sistema (políticos, gobiernos y administración) tengan capacidad para resolver los problemas individuales y colectivos y también es desafección cuando los ciudadanos se cuestiona las instituciones que sustentan el sistema: No deja de llamar la atención que todas, absolutamente todas las instituciones democráticas de nuestro país están cuestionadas en su funcionamiento de un modo u otro, desde la Corona, los Parlamentos, el poder judicial, por supuesto los gobiernos…

De continuar esta tendencia, de continuar en estas políticas, no debe resultar extraño que alguien reformule el artículo 1 de la Constitución española y que donde dice que España es un Estado social y democrático de derecho, lo redefina como un Estado mercantil, oligárquico de servicios. Cuidado con esto, que trae consigo una verdad mucho más poderosa, y es la siguiente: el capitalismo especulativo y salvaje, donde mejor funciona, es allí donde o la democracia es débil o donde no existe tal democracia. Lo dejo ahí, miren el mundo y saquen sus propias conclusiones.

Cabe preguntarse ¿cómo es la participación de la sociedad civil en este escenario de crisis social y de debilidad democrática? Es este el escenario en el que trabajan hacia un fin común las organizaciones de la Cumbre Social. Y para este fin, son una parte importante de la Sociedad Civil Organizada, sin lugar a dudas la parte más importante y mayoritaria de Extremadura.

 En paralelo han encontrado alianzas y afinidades en otros muchos movimientos ciudadanos, diversos y plurales, espontáneos o más o menos consolidados, con estructuras y prácticas reivindicativas más o menos coincidentes, como las llamadas “mareas” de distintos colectivos profesionales, o las marchas por la dignidad. Sus formas de acción son intensas, empleando tanto las redes sociales como apoyando movilizaciones de forma puntual.

Las entidades están más volcadas y desbordadas que nunca en promover acciones de apoyo y solidaridad con quienes peor lo están pasando. Y en conjunto, podemos decir que ponen a los ciudadanos y ciudadanas en un estado de alerta, del sentir y del deber de estar informados. Pero no se nos olvide que hay otra parte de la sociedad, minoritaria, de intereses opacos, muy organizada, muy poderosa, que no comparte los mismos objetivos que aquí defendemos, y que emplean todos sus recursos y todas sus fuerzas para mantener y proteger sus intereses particulares frente a los del conjunto de la sociedad y sus instituciones democráticas.

Por tanto, la tarea como organizaciones de la Cumbre debe ir también en la dirección de seguir impulsando la participación de la ciudadanía, la participación crítica, consciente y activa. Debe seguir defendiendo la dignidad y los derechos de todas las personas, debe movilizar a la base social que las sustenta, debe alcanzar a aquellas otras personas que aún piensan que la crisis es algo pasajero y que el escenario es un “impasse” de espera y que cuando se supere nos devolverá al tiempo pasado. Y debe seguir siendo propositiva, defender lo público como espacio de participación y como espacio de convivencia y protección social, debe seguir haciendo propuestas alternativas desde la perspectiva social que hagan frente a los intereses de mercados especulativos y desregulados.

No debemos cuestionar la recuperación económica que puede estar produciéndose. Creo que si nos quedamos sólo en ese debate corremos el riesgo de sacarnos de nuestro espacio natural de organizaciones sociales y de sociedad civil y nos introduciría en un espacio en el que no tenemos fuerza, porque ni tenemos potentes medios de comunicación que proyecten nuestra voz ni tenemos el poder de manejar los tiempos.

Pero si debemos cuestionar que las soluciones a las crisis ya han llegado y harán bien al conjunto de la sociedad. Cabe preguntarse, ¿soluciones para quién? Sabemos, y por tanto puedo afirmar, que las medidas adoptadas sólo han beneficiado a los causantes de la crisis, mientras han atacado directamente la línea de flotación de las personas, siendo éstas más vulnerables.

Estos días leemos titulares en las que se anuncia que la recuperación económica ya es un hecho, y que esta recuperación creará empleo. Mensajes que tratan de convencer a los españoles de que la gestión económica está siendo un éxito y que llevará a superar los problemas económicos de los últimos años. No solo aseguran la salida de la crisis sino que además parece que se hace de modo ejemplar.

Desde la Cumbre Social se ha reivindicado y movilizado reclamando con urgencia que se atiendan otras prioridades políticas para afrontar la crisis social. Desde la Cumbre Social se denuncia la violación de derechos y se enfatizan propuestas sobre cuatro ejes: el eje de la defensa de los derechos de las personas y de los sistemas de protección social; un segundo eje que contribuyan al fortalecimiento de los sistemas tales como educación, salud, justicia; el eje de propuestas de regeneración de la economía real, la que es productiva, manteniendo la investigación y desarrollo; a su vez creadora de empleo de calidad, productivos y sostenibles en el tiempo.