¿Frente común contra la pobreza energética?

Trasciende a los medios de comunicación como que el Gobierno de Rajoy ha cedido ante el PSOE y está dispuesto a proteger a la ciudadanía más vulnerable para hacer frente a la pobreza energética, al menos para prohibir los cortes de luz y que las ayudas destinadas a ese fin de financien con cargo al bono social y que las paguen las comercializadoras eléctricas. A esta iniciativa, inicialmente, también se une Ciudadanos. Más allá de las interpretaciones de los partidos políticos y sus estrategias de gobierno y de oposición, parece obvio que debe ser reconocido el derecho ciudadano al servicio esencial de suministro eléctrico para todas las familias que son atendidas por los servicios sociales públicos de ayuntamientos y comunidades autónomas por estar en riesgo de exclusión social.

Para entender la dimensión de este acuerdo conviene recordar que según los datos aportados por la Encuesta de Población Activa, en España hay unos setecientos mil hogares que no tienen ningún tipo de ingreso económico proveniente del patrimonio, del trabajo o de alguna forma de prestación. De forma considerable en los últimos cinco años no solo se han incrementado casi al doble el número de hogares en esta situación, también han sido numerosas las iniciativas de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para evitar que familias enteras vean cortados sus suministros de electricidad, agua y gas, que se sumaron así a las ayudas económicas facilitadas por muchas ONG soportadas con fondos provenientes de la solidaridad ciudadana.

Extremadura aprobó en 2016 una Ley que contempla hacer frente a estos mínimos vitales, y que mediante convenio con las empresas suministradoras, la Junta de Extremadura haría frente al coste de las facturas impagadas de electricidad, agua y gas. La importancia de este acuerdo estatal entre PP y PSOE necesita un desarrollo reglamentario que aún tardará varios meses en ultimarse, y es deseable que cuente con el apoyo unánime de todos los grupos políticos. Supondrá un alivio para las castigadas cuentas de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Mientras, sería oportuno concretar el número de familias que se verán favorecidas por esta medida. Según estimaciones de la Junta de Extremadura, en nuestra Comunidad hay entre 70 y 90mil personas que padecen pobreza energética severa.