Se llama Ley para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, ha cumplido 10 años y vino a España para quedarse. Se acuño el sobrenombre del “cuarto pilar” del Estado de Bienestar en España. De padre socialista, cuestionada en su nacimiento con la oposición del Partido Popular, la han alimentado seis ministros que no siempre han tenido el mismo afán por impulsarla, especialmente raquíticos los años desde que Rajoy comenzó a gobernar. A día de hoy, la Ley de Dependencia arroja un número de beneficiarios tan grande que no caben dudas respecto de su utilidad social.
Más de 35.500 extremeños tienen reconocidos el derecho a alguna prestación o servicio, pero es lamentable que más de 11.300 personas estén esperando a que ese reconocimiento se haga efectivo, principalmente afectadas las familias con rentas medias y bajas que no pueden emplear recursos privados para atender sus necesidades. Una indudable mayoría de ellas son mujeres, y más de la mitad tienen más de ochenta años. 11712 personas están en el mayor grado de dependencia, aquellas que requieren de cuidados constantes. También la Ley pretendía dar reconocimiento a las cuidadoras, también mujeres, que han renunciado a otras formas de emancipación y empleo para atender a sus seres queridos.
Han sido diez años de incumplimientos, moratorias, falta de financiación y conflictos de competencias. Mucha desconsideración hacia una ley de dependencia generadora de bienestar social, creadora de trabajo y de economía sostenible para nuestro país. En nuestra región, el presupuesto de la Ley de Dependencia asciende a 182 millones de euros anuales, de los que el 81% los aporta el presupuesto de Extremadura, muy lejos de un reparto a partes iguales entre el gobierno del Estado y las comunidades autónomas.
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