Cáritas presentó hace unos días el “Informe sobre exclusión y desarrollo social en Extremadura”, que muestra el resultado sobre la integración y necesidades de la sociedad, según los datos recogidos por el equipo de investigación de la Fundación FOESSA a lo largo de 2013. El propósito es dar cuenta adecuadamente de las transformaciones que la sociedad extremeña está experimentando en cuanto a su nivel de integración y de cohesión social en el periodo de los últimos seis años y valorar cuanto está aumentando el espacio de la exclusión social y ver qué grupos sociales se están viendo más afectados.
La importancia de este Informe es doble. Por un lado trata de modo específico la situación de Extremadura y por otro lado viene a complementar y completar los estudios y datos estadísticos que con frecuencia son publicados desde los gobiernos autonómico y estatal.
Los dos grandes titulares de dicho informe pueden ser estos: Que 3 de cada 10 hogares en Extremadura son pobres, de los que la mayoría de ellos experimentan una situación de pobreza moderada y un número mucho menor, pero significativo, experimentan situación de pobreza severa. El otro titular es que casi la mitad de la población de Extremadura se ve afectada por problemas de exclusión del empleo.
A modo de síntesis se muestra que el perfil sociológico de la exclusión social en Extremadura afecta a una cuarta parte de los hogares en Extremadura, esto es unos 100.000 hogares y 289.000 personas. La mayor parte de los hogares y personas en exclusión residen en nuestros municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes así como en municipios rurales con menos de 5.000 habitantes.
Las personas que principalmente aportan ingresos a esos hogares (también llamados sustentadores principales) son varones, con una media de edad de 50 años, siendo ésta edad sensiblemente inferior a la edad media del resto de la sociedad extremeña. Casi la mitad de estos varones que aportan ingresos han alcanzado distintos niveles de estudios por encima del Graduado Escolar o en Educación Secundaria Obligatoria o Bachiller elemental. En ninguno de estos casos tienen estudios de BUP (bachillerato superior) o universitarios.
Llama la atención que 1 de cada 5 de estos sustentadores principales en situación de exclusión estaba trabajando, sin que el hecho de tener un empleo haya sido suficiente para mejorar sustancialmente su situación social. Como es lógico en el contexto de crisis de empleo, la más de la mitad de los sustentadores excluidos están en situación de desempleo (el 53%). Pero asimismo, es preciso asociar también el espacio de la exclusión social con el empleo temporal, ya que la mitad de los sustentadores que desarrollan un empleo temporal están excluidos.
La ausencia de ingresos por el trabajo caracteriza también al conjunto de los hogares excluidos en Extremadura. En 4 de cada diez de esos hogares, sus miembros solo han percibido ingresos de protección social, mientras que en 2 de cada diez no percibieron ni pensiones o prestaciones, ni ingresos de actividad laboral.
Sobre estos datos, Cáritas propone que algo más de 165mil personas residentes en 49mil hogares afectados por exclusión social y situación de pobreza deberían ser destinatarios principales de políticas de activación laboral unidas a la Renta Básica.
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