En mi (nuestro) caso particular, el Centro de Migraciones de Mérida, usen los argumentos que usen y los disfracen y oculten como quieran, lo que aquí nos está afectando es una deslocalización pura y dura. La dirección de cualquier empresa tiene el derecho (legítimo) de decidir dónde quiere ejercer su actividad y con quien. En el caso de una ONG tan solo se espera que sea transparente en sus decisiones, que las comunique a sus socios y empleados afectados y que estas decisiones no resulten más costosas contra sus delicados recursos financieros.
Pero me temo que el oscurantismo que desenvuelve cada movimiento de la dirección se debe a que saben que no están trabajando correctamente. Y lo peor, es que nos vengan con el cuento de que ellos son los más sentidos de estas decisiones. Eso se llama hipocresía.
Durante once años Mérida a respondido perfectamente a los criterios de acogida e inserción social y laboral. Ahora de repente... parece que el sitio no vale.
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